La semana pasada, el MP y la Cicig presentaron una acusación sobre sobornos para acelerar la devolución del crédito fiscal. Este es un ejemplo todavía más claro de cómo el sistema premia a los corruptos y evidencia la necesidad de cambiar el sistema para reducir los malos incentivos y la discrecionalidad. Se puede y debe perseguir a los corruptos, pero no reduciremos la corrupción hasta que no se eliminen las causas que la originan. En otras palabras, es importante luchar contra los corruptos, pero es mucho más importante luchar contra la corrupción.

Es inconcebible que alguien con tres dedos de frente no pueda ver que el problema es el crédito fiscal y las complicaciones para su devolución. En la misma conferencia evidenciaron el principal argumento —aunque para ellos mismos haya pasado desapercibido—, como lo es la gran tardanza de los funcionarios de la SAT para devolver el crédito fiscal a sus legítimos propietarios. Fue tan patético escuchar al comisionado exaltar el hecho de que las empresas que no accedieron al soborno después de cinco años todavía están esperando la devolución, mientras que a las que sí lo hicieron se les devolvió “rápido”. ¡Como si el 99% de los empresarios —que fueron los que no accedieron al soborno— estuvieran muy felices y contentos de ver cómo sus empresas se descapitalizan y en muchos casos incluso se van a la quiebra porque los irresponsables funcionarios les han retenido ilegalmente su dinero!

El colmo de los colmos es que, con todo y los grandes defectos y aberraciones que tiene la ley del IVA, en este caso particular sí establece un tiempo relativamente corto —entre uno y dos meses—, en el que la SAT está obligada a tramitar la devolución del crédito fiscal a los tributarios. Sin embargo, a los funcionarios de la SAT la ley les ha venido del norte y han retenido ilegalmente esos fondos impunemente por años. Y entonces uno se pregunta, ¿si realmente se está persiguiendo a los corruptos, por qué no se persigue a todos los funcionarios de la SAT que han violado la ley —desde los superintendentes para abajo—, al no devolver el crédito fiscal a tiempo? ¿Acaso eso no es corrupción?

Probablemente los del MP se laven las manos diciendo que nadie ha hecho una denuncia al respecto —lo que no los exime de su obligación de perseguir los delitos—, pero eso solo resalta un vicio más de la corrupción del sistema, como lo es el hecho de que muy pocos tributarios se animan a denunciar los abusos de los funcionarios de la SAT por el temor a las represalias, debido a que todo el sistema está lleno de discrecionalidades que los funcionarios pueden utilizar para clavar a cualquiera en cualquier momento. Por aquello de las dudas, las declaraciones de la Fiscal General y del Comisionado en la conferencia de prensa hacen público el delito y el MP ahora está obligado a perseguir a los funcionarios que ilegalmente están reteniendo el dinero de los tributarios. ¿Lo harán?

La forma de combatir la corrupción es quitando esa discrecionalidad. En este caso, lo ideal es que no se genere el crédito fiscal desde el inicio, pero como eso difícilmente lo van a aceptar, lo que debe hacerse es que la devolución del crédito fiscal sea automática —para hacerlo todavía más fácil, que se pueda acreditar a otros impuestos— y el problema se acaba. La SAT debe auditar a aquellos que considere que puedan estar haciendo fraude, para lo cual tiene las herramientas y el tiempo necesario. No se debe obstaculizar a todos los exportadores (que son miles) por unos pocos que tratan de hacer fraude. ¿Tan difícil es entender esto?

Fb/jjliber