Tras la campaña electoral de Jimmy Morales en el 2015, que se presentaba como un candidato independiente y sin recursos económicos, se instaló una maquinaria electoral que recibía fondos del G-8, el grupo que representa a las familias más adineradas del país. Los fondos provenían de empresarios como Julio Ramiro Castillo, del Banco Industrial; Felipe Bosch Gutiérrez, de Inversiones Nuevas; Julio Castillo, de Cervecería Centroamericana; José Torrebiarte, de Cementos Progreso, y de los azucareros Fraterno Vila, José Andrés Botrán, Ramiro Alfaro y Herbert González, entre otros. Sí, el dinero venía de los que siempre han mandado en Guatemala y que han mantenido el statu quo en materia social, económica y política. El proyecto oligárquico detrás de Jimmy Morales fue coordinado por Salvador Paiz y Rodrigo Arenas, este último fue quien estuvo en contubernios con Alejandro Sinibaldi y apoyó con propaganda al Partido Patriota.

El candidato Jimmy Morales mintió a la población. Sabía que si se filtraba la información de quiénes eran sus padrinos se vendría abajo su imagen de outsider, por lo que él mismo pidió que la plata ingresara sin el conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, lo que definió ese hecho como financiamiento ilícito. Ahora ya no se trata solo de documentos, sino que existen dos testigos que cantaron al MP y la Cicig sobre el financiamiento ilegal de Q15 millones. Las declaraciones de las empresarias Paula Paiz Riera y Olga Méndez López fueron respaldadas por correos electrónicos y facturas, por lo que el caso ahora está bien sustentando. Todo parece indicar que la decisión de ambas de convertirse en testigos tuvo el visto bueno del G-8 para aminorar el escándalo por su apoyo al FCN-Nación.

El siguiente paso del sector empresarial fue hacer un mea culpa sobre su participación en el financiamiento electoral ilícito. Frente a las cámaras pidieron disculpas y llamaron “error” al delito cometido, una práctica que han llevado a cabo en cada elección presidencial, porque de esa forma han comprado su derecho a imponer ministros y dirigir las políticas económicas y financieras del país. La comparecencia pública del grupo de empresarios es inédita en la historia guatemalteca y sobre todo su promesa de que no volverán a repetir el financiamiento electoral ilícito. Es un hecho gratificante, pero que en ningún momento implica que no deban ser procesados por un delito confeso. El nunca más debe ir acompañado de la aplicación de la justicia en igualdad de condiciones, sin importar sus millonarias fortunas. Corrupto y corruptores deben ir a la cárcel.

El presidente Morales se encuentra en el momento de mayor aislamiento porque el sector empresarial ya no es más su aliado. Pero aún con testimonios y pruebas en contra, el mandatario se cierra en negar todo hecho y vuelve a lanzar sapos y culebras contra el MP y la Cicig. Es un mentiroso compulsivo. Esta vez insiste en buscar las formas más abyectas para echar del país a Iván Velásquez, a partir de revivir el supuesto allanamiento ilegal a la Casa Presidencial, hecho que hace dos años él mismo negó. En su desesperación se refugia en el Ejército como si este fuera a salvarlo y cierra los ojos ante el desprestigio de esa institución que ha afrontado la captura del director de Logística del Ministerio de la Defensa, por sus vínculos con la Mara Salvatrucha, y de otros implicados en trasiego de drogas. La insistencia del mandatario en atacar a la Cicig solo amplía su aislamiento y acelera su caída, cuyo primer paso sería la cancelación del partido FCN-Nación. Lástima grande que sea el presidente el encargado de seleccionar al próximo fiscal general porque a todas luces está incapacitado para hacerlo, por su inestabilidad emocional y el conflicto de intereses que tiene.

@hshetemul