El descaro no tiene límites, menos en el mundo político guatemalteco y más aún cuando se habla de diputados, la mayoría de ellos conocidos por su propensión a hacer negocios malolientes aprovechándose de su investidura, pero sobre todo por su persistencia en beneficiar a maleantes de cuello blanco.

Hoy, varios oportunistas, preclaros exponentes de cómo no debe conducirse un diputado, pretenden erigirse en defensores de la moral del país ante el supuesto apoyo del procurador de Derechos Humanos a un colectivo de mujeres que se mofaron de las procesiones, el pasado 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El magistrado de conciencia falló al no retirarse cuando ellas se acercaron, por la probabilidad de que ocurriera lo que en efecto pasó: sus enemigos lo aprovecharon en su contra y el congreso puede convertirse pronto en su cadalso político.

Lo primero que desvirtúa la legitimidad en cualquier acción de los actuales diputados es que no son interlocutores idóneos para calificar actitudes de nadie. Tienen techo frágil y podrían lograr demostraciones de repudio por el doblez de su burda intención.

Cualquier asomo de seriedad en esa acción también se deslegitima cuando uno de los líderes de ese grupo politiquero tiene el mote de Felipao y está sindicado de trafico de influencias y de disponer de formas para extorsionar a algunos empresarios incautos.

El otro pintoresco legislador que secunda esa moción es Luis Hernández Azmitia, cuya trayectoria ha oscilado en el filo de la ilegalidad por su desmedida ambición de buscar hacer negocios con el Estado, por lo cual ha sido acusado de usar tácticas chantajistas para imponer su voluntad, como ha ocurrido con funcionarios de Salud.

Otro de los súbitos defensores de los principios morales es el congresista Estuardo Galdámez, conocido por sus acciones circenses, su fidelidad al Pacto de Corruptos y su cuestionable proceder en una de las instituciones que requieren un mínimo de dignidad, pero no para autoproclamarse defensor de la moral.

El líder del escuadrón de la moralina es el jefe supremo del partido oficial, Javier Hernández Franco, quien por cuestiones familiares y clientelares también insiste en descalificar a todos aquellos que critican un modelo en pleno naufragio.

El Congreso no cesa de dar muestras de buscar colocarse del lado de la cultura de la impunidad y en contra de quienes claramente respaldan la lucha contra la corrupción, y esa es la verdadera causa de esta nueva pantomima.

Los diputados han dejado de cumplir con sus obligaciones de fiscalizar a quienes de verdad abusan de sus cargos y de los recursos públicos. Esta nueva bufonada parlamentaria puede ser el primer paso para exigir la renovación de un organismo vital para la democracia, porque, además, no se puede dejar en manos de esta banda la posibilidad de autonombrarse defensores de las buenas costumbres. Es un descarado aprovechamiento de un asunto perversamente manipulado. En todo caso, que hablen los pocos legisladores que tienen boca con qué hablar.