En los últimos años se ha utilizado la criminalización en contra de líderes y autoridades comunitarias, defensores de derechos humanos y periodistas como un mecanismo para frenar su labor en defensa de los derechos y libertades ciudadanas.

La criminalización busca minar la credibilidad de una persona, acusándola de delincuente o transgresora de la ley, y puede darse a través de campañas de difamación y calumnia; denuncias judiciales a sabiendas de que no tienen fundamento (especialmente en el ámbito penal) o de la estigmatización. La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de DDHH (Udefegua) documentó entre 2012 y 2017, 909 casos de criminalización a través de detenciones ilegales y arbitrarias, difamación y denuncias judiciales.

La utilización del derecho penal como instrumento de criminalización ha provocado la privación de libertad de muchos líderes e integrantes de los movimientos de resistencia y defensa del territorio, y en el último tiempo también de periodistas locales. La historia se repite una y otra vez, y aunque en la mayoría de los casos no existen pruebas para dictar sentencias condenatorias, las personas pasan meses e incluso años en prisión preventiva, lo que se traduce en un “castigo adelantado” por atreverse a enfrentar a poderosas empresas —nacionales y extranjeras— y a políticos locales que, en muchos casos, están en connivencia.

Además del efecto directo que se genera sobre la persona, la criminalización tiene como objetivo provocar miedo y parálisis social, porque la lectura inmediata de quienes están alrededor es que a ellos puede sucederles lo mismo. Es, por decirlo de alguna manera, una acción ejemplarizante.

En el caso de los ataques contra periodistas hay, además, una intención deliberada de menguar su credibilidad. El “asesinato” de la reputación es la fórmula que han encontrado para desviar la atención de investigaciones e informaciones que tienen un impacto directo en los intereses de los sectores poderosos. Aunque esta estrategia perversa se ha utilizado en contra de periodistas que ejercen su labor en medios de alcance nacional, las y los periodistas departamentales son quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, porque además de los asesinatos y amenazas, enfrentan procesos penales y privación de libertad.

El caso más reciente de criminalización contra un periodista es el del colega Jerson Antonio Xitumul, corresponsal del medio digital Prensa Comunitaria, quien documentó la contaminación del Lago de Izabal por parte de la empresa minera que opera en el departamento y dio cobertura a las manifestaciones realizadas por la Gremial de Pescadores Artesanales en el municipio de El Estor. Xitumul fue detenido y permanece en prisión desde el 11 de noviembre, acusado de tres delitos. El Comité de Protección a Periodistas (CPJ, en inglés) dirigió recientemente una carta a la Fiscal General, Thelma Aldana, instando al MP a realizar una investigación exhaustiva del proceso que asegure que “el sistema jurídico guatemalteco no se convierta en un mecanismo para tomar represalias contra periodistas como Xitumul por informar sobre cuestiones de interés público”. Edison Lanza, Relator de Libertad de Expresión de la OEA, también expresó su preocupación y afirmó que “el procesamiento con prisión de un periodista es incompatible con la libertad de expresión”.

Si los poderosos consiguen acallar las voces críticas por la vía de procesos judiciales, se estará sentando un nefasto precedente para el ejercicio del periodismo independiente en el país. Solidaridad y apoyo para Jerson Xitumul.

@MarielosMonzon