A propósito de la Feria del Libro viviendo una transformación cultural mientras trata de volar entre las páginas de papel, —y las impresiones etéreas binarias digitales electrónicas de Kindle y similares— no puedo dejar de percibir esa relación tan estrecha de interpretar nuestra realidad nacional bajo el prisma de ese movimiento literario, que le permitió a Asturias, a García Márquez y a otros más describir realidades políticas con elementos fantásticos y míticos.

Opino que esto es un manicomio macondiano. Convivimos en capas múltiples de la realidad. Cada quien vive en su mundo. Aquí se pueden entablar demandas y paralizar industrias o cualquier actividad sobre bases legales espurias.

Mario Fuentes Destarac lo describió con claridad en una columna el año pasado: “La seguridad jurídica es la certeza de las leyes, es decir el conocimiento inequívoco de las mismas, así como la previsibilidad de su aplicación invariable y eficaz. En Guatemala, los agentes económicos saben que las reglas del juego no son estables, y que las mismas pueden variar hasta el absurdo e, incluso, hasta lo demencial. También dichos agentes afrontan el problema de que la interpretación y aplicación de las normas vigentes son imprevisibles, al extremo de tornarse antijurídicas, antojadizas y arbitrarias. Inequívocamente, esta incertidumbre jurídica no favorece el emprendimiento, la inversión productiva, la innovación, la diversificación ni la creación de fuentes de trabajo”.

No somos pocos los que compartimos el mismo criterio. Pareciera que se están ganando batallas en la guerra contra la corrupción, pero todos los procesos penales se encuentran secuestrados en un inmenso hoyo de ineficiencia con una buena dosis de dejadez generada con propósitos perversos. Los primeros en romper las reglas del juego jurídico, del debido proceso, de los tiempos procesales, etc. es el mismo sistema, ergo, los jueces que no osan levantar la bandera de la independencia so pena de caer en los señalamientos espurios y las presiones indebidas. Esto ya sobrepasó los límites de cualquier lógica de gobernabilidad.

Más de 11,500 guatemaltecos en prisión preventiva —55% del total de la población total reclusa—, encaja perfectamente como campos de concentración. Casos paradigmáticos con un peso critico grande para la economía como el de la mina San Rafael, con atrasos de 378 días desde que esta dejó de operar. Ha sido tal el desbarajuste interno que se tienen en la Corte de Constitucionalidad que el Cacif ha solicitado, con base a la Ley de Información, el desenmascaramiento de todo el proceso para hacerlo público: ¿Nombre del magistrado ponente actual en el caso de la Mina San Rafael? Se informe de conformidad con los procesos administrativos internos, qué magistrados y cuántas veces han solicitado el retiro de las ponencias del pleno. Y se entreguen los audios o videos en los cuales conste la presentación y retiro de las ponencias del pleno, —de la misma manera que el pleno le entregó a la oengé de Frank La Rue todas las deliberaciones del caso de genocidio…—

“Es la economía, estúpido”, fue la frase pegajosa, entendible, que llevó a Bill Clinton a la Presidencia, descolocándolo de George Bush padre, quien basó su campaña en los logros de la política exterior estadounidense, obviando la problemática económica de la ciudadanía. En Guatemala se esta obviando este debate. Todo se centra en el combate a la corrupción bla bla bla… pero la primera en quebrar la ley y el debido proceso es la corte más alta.

Es paradójico que estemos hablando precisamente de esa realidad económica cuando aquí se estén cerrando empresas e industrias y los mensajes enviados al exterior sean que Guatemala es un país en donde no se puede invertir.

Jodidos estamos…

alfredkalt@gmail.com