Quedó claro que el financiamiento electoral ilícito es el pecado de la democracia, en el cual han incurrido prácticamente todos los sectores, principalmente quienes utilizan a los políticos y con lo cual han dañado al sistema partidario guatemalteco, que ha puesto a varios de ellos de cara contra la justicia, sin que haya visos de que dicho modelo pueda restaurarse.

Secretarios de los más importantes partidos políticos de los últimos años están en la mira de la justicia, junto a empresarios y un número relevante de funcionarios, e incluso los diputados de la peor legislatura de nuestra historia acaban de aprobar una enmienda al Código Penal con la intención de beneficiar a los políticos y a sus financistas.

Al respecto, la fiscal general Consuelo Porras advirtió de que “aunque se haya efectuado la reforma, jamás van a quedar exentas de responsabilidad penal las personas sindicadas… porque esa modificación no va a significar impunidad”.

Difícilmente la esencia del problema se va a corregir, porque la plena libertad de elección aterroriza a todos los sectores y quienes pueden incidir con recursos en limitar esas posibilidades seguirán haciéndolo de muchas maneras, por lo que necesariamente deberán ajustarse los mecanismos de control.

En esa línea avanzan las nuevas reglas implementadas por el Tribunal Supremo Electoral, que busca una mejor rendición de cuentas, en un intento por fiscalizar de manera más eficiente cualquier tipo de aporte, tal y como quedó establecido en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 2016 que regirán el próximo proceso.

Una tarea difícil, porque a cualquier lado del espectro electoral se van a dar aportes que intentarán llegar a las figuras con mayores posibilidades, sin que haya necesidad de dejar rastro, que es lo que buscan los financistas cuyos recursos tienen un origen incierto.

Sin embargo, en la búsqueda de comprometer a los candidatos, el financiamiento de cualquier tipo intentará burlar los mecanismos de fiscalización que está implementando el TSE, porque para muchos es difícil resistirse a quedar fuera de los círculos de influencia, como podrían ser los candidatos presidenciales con mayores posibilidades o diputados de alto perfil.

Aunque entre los mismos diputados es generalizada la creencia de que el financiamiento puede incluso operar después de las elecciones, porque los más perversos manipuladores de las contrataciones públicas ya cuentan con mecanismos de convencimiento para no mancharse en el proceso electoral y simplemente esperarían a que asuman las nuevas autoridades para poner en marcha la maquinaria de la corrupción.

Al final, cabe la posibilidad de que los controles del TSE puedan funcionar y que también el último escarmiento de la justicia sobre políticos y financistas contribuya a que se dé un proceso más transparente en el 2019. De hecho, muchos empresarios se muestran reticentes a incurrir en hechos que para todos fueron lamentables, y ese factor hará que los aportes se den con mayor prudencia, transparencia y temor, pero no se debe descartar que otros insistirán en untarle la mano a quienes tienen posibilidades reales de salir victoriosos en los próximos comicios.