En octubre de 2011 publiqué mi sentir en cuanto a la fragilidad de nuestro territorio ante los fenómenos naturales, propios del período de lluvias —mayo a octubre—, que cada año ponen en evidencia la incapacidad del Estado por que los fondos invertidos en obra pública cumplan con los mínimos estándares técnicos y de diseño, así como de identificar a los responsables porque los trabajos sean de calidad.

Para entonces el país había sido azotado por los huracanes Mitch (1998) y Stan (2005); las tormentas 16 (2008) y Ágatha (2010), y la depresión 12E (2011,) con su cauda de deslizamientos de laderas, colapso de carreteras, puentes arrastrados y, con eso, el aislamiento de comunidades, obstrucción al flujo de mercaderías, alimentos y productos para consumo propio y exportación. Los daños mayores fueron pérdida de viviendas y, peor aún, de vidas humanas.

El 1 de octubre de 2015, en el municipio de Santa Catarina Pinula, vecino a la capital, un alud arrasó con la urbanización El Cambray II, soterrando más de doscientas casas y con un saldo de doscientos ochenta fallecidos.

Los fenómenos atmosféricos son parte de los ciclos naturales de nuestro planeta y el riesgo que estos provocan solemos endilgarlo al cambio climático. Son las acciones equivocadas del hombre las responsables por los desastres que ocurren, pudiéndolos evitar. Una de esas es el crecimiento de la frontera agrícola, en detrimento del bosque, que no prevé medidas elementales de conservación de suelos para mitigar su erosión y las negativas consecuencias de esa mala práctica. De igual manera, la construcción de viviendas en terrenos inestables o áreas precarias, sean estas de clase alta, media o la invasión de laderas y barrancos por aquellos que nada tienen, al alterar el entorno ponen en peligro su propia vida.

Otro fenómeno recurrente son los sismos. Dada la localización geográfica de nuestro país como parte del cinturón de fuego y estar sujeto al accionar de tres placas tectónicas: Cocos en el Pacífico, Continental y del Caribe, el territorio está sujeto a movimientos telúricos regulares, que pueden llegar a ser terremoto, como lo registra la historia de las grandes catástrofes. El riesgo que estos implican es directamente proporcional a la ocupación de lugares inadecuados.

La mayoría de municipalidades no cuenta con planes de ordenamiento territorial, reglamentos de uso del suelo y, menos aún, con autoridades responsables por el bienestar de los habitantes que las eligieron; tampoco dispone de profesionales capacitados para prever y dar solución a esos problemas; por lo tanto, incapaces de cumplir con su función.

Un patético ejemplo se dio durante la administración municipal de La Antigua Guatemala 2012-2015. Vecinos de San Pedro Las Huertas solicitaron autorización para construir viviendas en las márgenes de una quebrada que baja del Volcán de Agua, que con la tormenta Ágatha, de 2010 se desbordó, arrastrando enormes piedras del alto de una habitación. La inhabitabilidad del sitio es obvia. Sin embargo, el Concejo de entonces, en un alarde de ineficiencia, autorizó lo solicitado, haciéndoles firmar un documento exonerando a la Municipalidad de toda responsabilidad por futuros daños, cual si ese fuera el problema y no el riesgo de sucumbir ante cualquier crecida de las corrientes de agua pluvial que suele ocurrir.

La fragilidad del territorio, por su origen y naturaleza, sumado a la ineficiencia de las autoridades, debido a ignorancia e incapacidad, no puede dar otro resultado más que el desastre. Es tan simple como sumar uno más uno… siempre dará dos.

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