Venimos de un 2015 que fisuró las paredes de la impunidad en Guatemala. De allí partimos hacia una nueva conciencia ciudadana y hacia significativos movimientos en el ámbito de la justicia, pero también hacia uno de los peores gobiernos de nuestra historia. En el sentido estrictamente político, el gobierno del FCN nos ha hecho retroceder en nuestra intención democrática, y en los cuarteles militares donde hay privados de libertad —que no deberían  estar allí—, ha habido tiempo suficiente para manufacturar situaciones que nos golpean duro. Hay una recomposición de fuerzas muy oscuras que dan coletazos fuertes en Guatemala.

Hace una semana se produjo un ataque en el Hospital Roosevelt (HR), cuando un privado de libertad fue llevado a ese centro hospitalario —¿por qué no al Hospital Militar?—. El resultado: siete muertos y cinco heridos, más la presencia del Ejército en el área. Mientras la ciudadanía seguía impactada y distraída con el suceso, el juez tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, resolvió cerrar el caso denominado Bufete de la Impunidad. El resultado: nueve personas acusadas por el MP de integrar una red que otorgó medidas sustitutivas ilegales a implicados en el caso La Línea recuperaron su libertad, entre ellas la jueza Martha Sierra de Stalling, pariente de Blanca Stalling, otra magistrada separada de su cargo.

La guinda en el pastel la puso la fiscal general, Thelma Aldana, cuando se pronunció hace dos días frente al “rumor” sobre una eventual salida del comisionado Iván Velásquez de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual supuestamente sería solicitada por Jimmy Morales en su visita al Secretario General de Naciones Unidas, el día viernes de esta semana, en Nueva York. Esto nunca fue desmentido por el vocero presidencial en la conferencia de prensa ofrecida ayer, y tampoco escuchamos de Jimmy Morales o de su canciller declaración alguna al respecto.

No podemos no asociar unos hechos con otros, sobre todo frente a estas declaraciones del vocero presidencial: “El presidente Jimmy Morales impulsa un nuevo modelo para garantizar la gobernabilidad y la seguridad integral de los guatemaltecos. Luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, las extorsiones el sicariato y hasta el tráfico de armas de fuego son parte de ese ‘nuevo modelo’.” ¿Cómo era aquella frase coloquial de amarrar al perro con una tira de salchichas? Imagino el modelo de seguridad diseñado por un gobierno como el FCN, asesorado por lo más rancio de la institución armada y patrocinado por el capital corrupto de Guatemala. Imagino cuánto quieren volver a la “normalidad” de un orden muy ordenado para algunos, pero impune y poco transparente. Incluso imagino que hay bancadas completas en el Congreso que, ante la inminente llegada de casos como el de Odebrecht, que dejaría fuera de la jugada a medio centenar de diputados, añoran volver a esa deliciosa y corrupta normalidad.

Mientras nos distraemos, el Ejército ya está en las calles, como si su función fuera la seguridad ciudadana. Se le quita presupuesto al Ministerio de Gobernación y se le incrementa al de Defensa. Los soldados son enviados a construir pupitres, reparar carreteras y cuidar hospitales, y hasta las armas que portan los pandilleros cuando atacan son igualitas a las del Ejército. Ya solo les falta el clásico golpe de Estado. Por eso no queremos ser como Sísifo, aquel astuto y perverso personaje mitológico al que se le rodaba la piedra de nuevo hacia abajo antes de llegar a la cima, en un frustrante proceso que iniciaba una y otra vez. Tenemos otra oportunidad para cambios profundos. Por eso queremos lo que significa la Cicig en Guatemala. #IvánSeQueda.