En Guatemala existe la generalizada tendencia a regatear el funcionamiento de la oficina de la Procuraduría de Derechos Humanos, sobre todo cuando el titular de turno emite pronunciamientos orientados a criticar la conducta de funcionarios alejados del cumplimiento de sus obligaciones.

La semana pasada, el procurador Jordán Rodas Andrade emitió una resolución de condena contra la actitud del Gobierno, específicamente contra la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), por regatear información a los periodistas sobre actividades del presidente o limitar el acceso a determinadas oficinas públicas.

El primer calificativo de los dos funcionarios más cercanos a esas actividades oficiales fue referirse a ese pronunciamiento como resoluciones no vinculantes, lo cual debe leerse como no tener la obligación de cumplir ningún requerimiento, aunque evidencien el poco respeto hacia una oficina cuyas resoluciones ciertamente apelan a la moral en el quehacer gubernamental.

Ayer, el Gobierno comunicó que no acatará dicha resolución, aunque afirma respetarla, porque niegan que hayan violado la libertad de expresión y de acceso a la información, sin siquiera hacer un examen minucioso sobre los requerimientos de información con aquellas actividades en las que participa el presidente Jimmy Morales o el vicepresidente Jafeth Cabrera, quienes con demasiada frecuencia dan muestras de huir de los periodistas.

La ingenuidad del portavoz del Ejecutivo, Heinz Hiemann, aflora una vez más cuando declara que la SCSP “establece mecanismos idóneos, invitaciones, chats o comunicados para compartir las actividades públicas del presidente Morales”, lo cual no es cierto en el caso de todos los medios, ni con todos los interesados, porque solo se hace partícipes a quienes el Gobierno quiere que cubran esas actividades porque le favorecen.

Al vocero presidencial se le olvida, o pretende no tener memoria, que el mandatario no solo pasa largos períodos sin atender a la prensa, sino que cuando lo hace se ponen en práctica una serie de maniobras para mantener a los periodistas a una larga distancia, desde la cual solo pueda ser espectadora de los intrascendentales actos de Gobierno y solo cuando al gobernante le conviene permiten preguntas abiertas de los medios de comunicación independientes.

Es oportuno aclarar que el procurador no hizo el reciente pronunciamiento a título personal, ni mucho menos como una propia ocurrencia, sino que es el reflejo de una queja planteada por varios periodistas que señalan que ni la SCSP ni su encargado, Alfredo Brito, brindan información sobre las actividades de los gobernantes ni sobre las posturas oficiales.

El encargado de la flamante oficina de comunicación está por cumplir dos años en el cargo y hasta ahora ha sido incapaz de ofrecer una sola conferencia de prensa o brindar posturas oficiales sobre una gestión rodeada de polémica, pese a que el mismo vocero reconoció que el presidente Morales ya había exhortado a dicho funcionario a establecer mecanismos adecuados para la comunicación con la prensa, lo cual quizá nunca llegará y por ello genere una nueva crítica de la PDH.