Con la denegatoria de visas y la expulsión de 11 investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Gobierno formalmente encabezado por Jimmy Morales incurre en una nueva e ilegal torpeza, confirma que no tiene la menor intención de fortalecer la lucha contra la corrupción y que es la Cicig el mayor obstáculo y no el jefe de esta instancia, Iván Velásquez.

Queda claro que el mayor problema para el actual gobierno y los involucrados en casos de corrupción es la investigación independiente que esa oficina antimafias de la ONU ha desarrollado en los últimos cuatro años.

La denegatoria de visas y el ultimátum a los investigadores de la Cicig para abandonar el país de tienen el claro propósito de entorpecer casos como La Línea, Traficantes de influencias y Financiamiento electoral ilícito, en el cual está involucrado el presidente Morales y el partido FCN-Nación.

Con esta acción el Gobierno lanza un ataque artero contra la Cicig y, además, lo hace de manera unilateral, violando el mismo acuerdo de creación de esa instancia, según el cual la parte oficial no puede decidir sobre la inmunidad de los investigadores de la Comisión, una prerrogativa que corresponde al comisionado designado por el secretario general de Naciones Unidas.

La decisión unilateral del Ejecutivo pone en riesgo el avance de investigaciones contra personajes importantes de la política guatemalteca, entre ellos Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Jimmy Morales, Felipe Alejos y Blanca Stalling, así como Samuel y José Manuel Morales, hermano e hijo del mandatario, respectivamente, pues si se entorpecen los procesos todos ellos se verán beneficiados.

Esto se ve agravado porque a su vez el Ministerio Público muestra uno de los momentos de mayor incertidumbre y de poca disposición a continuar con el combate de la criminalidad de cuello blanco, pues no se percibe la contundencia necesaria respecto de la ofensiva gubernamental en favor de la impunidad. El mismo entorno oficialista de la actual fiscal hace esfuerzos por cooptar su margen de independencia, si es que tiene alguno.

Tan abandonado está el MP, que en las últimas conferencias de prensa en casos de alto impacto ha aparecido en total soledad Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien parece tener más claridad sobre estos nuevos actos de aberración oficial, al afirmar que “si el Ejecutivo quiere que la Cicig cumpla con su mandato, con estas medidas lo está impidiendo”.

La situación es preocupante porque no se están respetando ni siquiera los plazos para el vencimiento del acuerdo para la permanencia de la Cicig y paralelamente el Ministerio de Gobernación continúa con el desmantelamiento de la cúpula de la Policía Nacional Civil, ahora con la destitución de 15 altos mandos, entre ellos personal especializado en investigación criminal y con una larga trayectoria en la institución.

El escaso respeto que el gobierno guatemalteco guarda sobre acuerdos internacionales debe ser motivo de preocupación, porque así empieza el recorrido hacia mayores abusos, como ocurre actualmente en Venezuela y Nicaragua.