Concurrentemente con el debate del presupuesto para 2019 se ha generado una dicotómica discusión respecto al monto asignado a dos instituciones monopólicas: la Usac y el Ejército. A la primera no se le asigna —de ahí la protesta— el 5% constitucional sobre los ingresos ordinarios del Estado; al segundo se le incrementa una millonaria cantidad que parece no estar justificada. Los comentarios se enturbian cuando los más osados contraponen —equivocadamente a mi parecer— el aumento en uno con la reducción en la otra. En todo caso hay dos certezas en esta disputa. Una, que la Universidad de San Carlos no cuenta con el porcentaje constitucionalmente asignado ni la institución armada con el 0.66% del PIB recogida en los acuerdos de paz. Otra, que ninguna de las dos transparenta el gasto y, por tanto, la fiscalización se hace compleja. Al todo hay que sumarle la falta de dinero para los diferentes reclamos y la pitanza que del erario se hace anualmente por instituciones, políticos y grupos de presión.

El debate se ha aprovechado —¡que bueno!— para solicitar algo que ningún político ha hecho jamás: pedir transparencia y fiscalizar el gasto público que hace la única universidad estatal, similar a lo que se ha estado haciendo desde hace años con el Ejército, aun sin el éxito deseado. No es posible que paguemos impuestos y desconozcamos el detalle de cómo se gastan. Sin embargo, lejos de encontrar eco con la solicitud de accountability se han escuchado voces derivando el discurso hacia otra dirección, propias de quienes exigen derechos pero no están dispuestos a cumplir con responsabilidades, algo ideologizado a lo que nos tiene acostumbrados determinados grupitos.

Es aceptable que exista universidad pública pero no “única”, porque supone un monopolio educativo estatal que es exactamente lo que la propia entidad educativa combate en otras áreas de la vida, como por ejemplo los negocios o las empresas. Lo ideal sería contar con varias universidades públicas y privadas, generar competencia, consecuente calidad y reducción de precios para los usuarios. De igual manera habría que ir pensando en otorgar las becas a los estudiantes —la demanda— y no a la Usac —la oferta— de forma que cada estudiante becado pudiese elegir libremente la universidad —pública o privada— en que desee estudiar, lo que optimizaría el sistema al generar competencia que incidiría en mejorar la calidad educativa. Lamentablemente no se hace así y el monopólico universitario estatal marca las pautas con financiamiento fijado en ley, pero sin compromiso de mejorar la calidad porque tiene asegurado el ingreso. Un claro despropósito fácil de comprender pero difícil de revertir.

De momento, y hasta no mejorar la “lógica” distributiva del presupuesto, a la Usac le correspondería para el 2019 un aproximado de Q1,900 millones —interpretación legal sobre “ingresos ordinarios”— y al Ejército Q4,319 millones —acuerdos de paz— cifras que responden a amarres presupuestarios negociados sin mayor fundamento racional. Los presupuestos no deberían estar prefijados sino debatirse en función de necesidades y resultados y siempre en un marco exigente de transparencia. Nada de lo anterior ocurre —ni se ve venir— porque se está mas cómodo sin tener que aclarar preguntas sobre compras y gastos y asumir responsabilidades por ello. Es —como siempre ha sido— una inútil y perversa lógica que la mayoría de los beneficiarios están dispuestos a aceptar por las ventajas que obtienen y pagamos el despilfarro y la falta de ética política y administrativa que alimenta la corruptela y genera una extensa red de aprovechados y vividores de un nefasto y colapsado sistema.

¿Es así cómo queremos cambiar el país? ¡Eso no se lo cree nadie!

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