Resulta obvio que buena parte de la responsabilidad en el mal manejo de los recursos públicos, la indolencia burocrática y la corrupción recae en aquellos funcionarios que no cumplen a cabalidad con su deber ni guardan principios éticos en el desempeño de la tarea asignada.

Si la mayoría de funcionarios cumplieran plenamente con un desempeño idóneo en su trabajo, no existirían buena parte de nuestros problemas, como el abuso de poder y la cooptación de las instituciones consagradas a velar por el respeto de normas elementales.

Esto es lo que se desprende del más reciente informe presentado por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en el cual la mayoría de entidades públicas figuran como señaladas por el incumplimiento de obligaciones o por el abuso y mal manejo de recursos, todo lo cual ha derivado en reparos millonarios y en denuncias penales contra varios funcionarios en el Ministerio Público.

El informe corresponde al ejercicio fiscal del 2016, sobre el primer año de gobierno de Jimmy Morales, en el cual aparecen denuncias contra siete de los 14 ministros que integran su gabinete, lo que constituye un número demasiado elevado para un gobernante cuyo lema era “Ni corrupto ni ladrón” pero que ahora se ve en aprietos ante la necesidad de que los sindicados esclarezcan su situación, pues la Contraloría encuentra indicios de delito en el manejo de millonarios recursos financieros bajo su responsabilidad.

Los denunciados son los responsables de conducir las carteras de Defensa, Desarrollo Social, Gobernación, Salud, Comunicaciones, Agricultura y Trabajo. Aunque en sentido estricto todavía no puede hablarse de hechos de corrupción, pues las denuncias de la CGC más bien hacen alusión a acciones irresponsables, en la mayoría de los casos, aunque no por ello muchas de ellas dejen de ser sujetas de persecución penal.

Cabe destacar que las instituciones más señaladas son las municipalidades, y sobre todo la capitalina, cuyo modelo de gestión se ha apoyado durante las últimas décadas en la oscura figura de los fideicomisos, los cuales son casi imposibles de rastrear, como lo denuncia la CGC, aunque la comuna de Guatemala pretenda hacer creer que eso no es cierto. Basta una búsqueda en su portal o en otros sitios electrónicos para constatar que es falso lo afirmado por dicha entidad edil, que es una de las más opacas en la rendición de cuentas.

Después de las comunas y el Ejecutivo, el turno se lo lleva el Legislativo, cuyos integrantes y la directiva que fungió durante 2016 habrían incurrido en pagos injustificados por más de 72 millones de quetzales al haber hecho contrataciones que incumplieron los procedimientos, y ni la presidencia ni los mandos administrativos velaron porque se cumpliera la ley.

Informes como el presentado el pasado martes en el Congreso reflejan un cambio de actitud, muy distante de lo que ocurría hace poco más de un año, cuando era patente que los compromisos con sectores políticos entorpecían el buen funcionamiento de esta y otras instituciones, con lo cual dan muestras de que muchas cosas podrían ser diferentes en el país si los funcionarios cumplieran con honestidad sus labores.