Nahomi Lara Orellana, Ángel Rodolfo de León Palacios y Juan Carlos Velásquez Marroquín son tres estudiantes de la Universidad del Valle que supuestamente “se ahogaron” mientras cruzaban en cayuco un río que atraviesa la minera de níquel ubicada en El Estor, Izabal. Era un viaje académico, en el cual los acompañaba su tutor. Él sobrevivió; ellos no, y esta es la hora en que todavía no se ha esclarecido qué llevó a la muerte a estos jóvenes.

Son cinco años y tres meses los que llevan estas tres familias procurando justicia, sin éxito. Son múltiples los recursos que han interpuesto los abogados de las partes señaladas para que el proceso no avance. Uno de los pocos logros que ha tenido el caso fue que los padres lograron que el expediente fuera trasladado al Juzgado de Primera Instancia Penal de Zacapa, como resultado de la denuncia que interpusieron en la Supervisión de Tribunales, por la conducta dilatoria que tomó el juzgado de Izabal. Esto muestra los problemas que tiene el sistema de justicia para resistir la presión e influencia que pueden llegar a desplegar actores de poder involucrados en los casos en juzgamiento. Aquí hay otro gran reto: crear condiciones para que los juzgados que se ubican fuera de Ciudad de Guatemala, alejados del ojo público y de mecanismos de control, puedan hacer su trabajo sin ser sometidos a presiones o amenazas.

Hace unos días me entero de que el martes 20 de junio tendría lugar finalmente la audiencia de la etapa intermedia de este caso en el Jugado de Primera Instancia Penal de Zacapa; todas las partes supuestamente listas para este importante momento del proceso, donde el Ministerio Público presentaría los resultados de la investigación realizada. Sin embargo, el lunes 19 las familias de los tres jóvenes fueron nuevamente notificadas por sus abogados de que la audiencia se había suspendido otra vez. Nunca les dijeron oficialmente las razones para ello, pero, al parecer, la abogada de uno de los sindicados, Lemuel Valle, presentó una excusa, y eso bastó para que se parara de nuevo todo el proceso.

Ante este hecho, no puedo evitar cuestionamiento a las facultades de Derecho de las universidades, y al Colegio de Abogados: ¿Qué aprenden los estudiantes de Derecho en la facultad? ¿Que los casos se entretienen ad eternum y que es válido y legítimo usar cualquier recurso disponible para evitar que se haga justicia? Pareciera que no les enseñan a litigar a partir de armar el caso teniendo como elementos centrales la colección de evidencias, la identificación de testigos y la desarticulación de los argumentos del contrario con otros argumentos. Veo lo que pasa en este caso y en tantos otros que siguen en el limbo de la justicia, y más parece que la docencia en las facultades de Derecho se centrara en que los abogados aprendan todas las estrategias posibles para retardar los procesos, y aprender a usar los recursos que les da la ley para navegar, más bien, en las aceradas aguas del litigio malicioso.

Si queremos un sistema de justicia probo y funcional, necesitamos definitivamente las reformas constitucionales al sector, pero también una autocrítica profunda de las universidades y sus facultades de Derecho, así como del Colegio de Abogados y Notarios, respecto de esta forma como se está ejerciendo la profesión en el país.

La nueva audiencia está fijada para el 5 de julio, en el juzgado de Zacapa. Esperamos que no se repita la historia que se vivió en Puerto Barrios, donde parecía que los jueces estaban más dispuestos a hacer comparsa con las otras partes involucradas que interesados en esclarecer lo acontecido a las víctimas.

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