Las capturas de la semana pasada finalmente empiezan a develar uno de los puntos neurálgicos de la corrupción gubernamental: la obra pública. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que esa era la principal pieza faltante en el rompecabezas que se ha ido armando. Pero todavía falta mucho más.

Qué bueno que ya se empieza a destapar la olla de grillos, pero este debiera ser solo el primer paso; todavía falta mucho por develar. De lo que se conoce al momento, el caso planteado por el MP y la Cicig tiene que ver principalmente con la extorsión de los funcionarios públicos para pagar las deudas gubernamentales por obras ya realizadas. Desde hace mucho tiempo se ha oído cómo los funcionarios extorsionan a los contratistas pidiéndoles un porcentaje para “autorizar” los pagos. Según la investigación presentada, la “comisión” para que les pagaran era del quince por ciento.

Ahora falta investigar el otro lado de los contratos, es decir, cuando se asignan. Le puedo garantizar que detrás de la asignación de la mayoría de los contratos en el Micivi también hay alguna “comisión” de por medio. Una muestra es el contrato de Odebrecht, que si bien es cierto es uno de los más grandes, es solo uno más entre los muchos que han de estar pactados en circunstancias similares.

Pero hay más cosas que investigar. Por ejemplo, en el caso del contrato de Odebrecht muchos se escandalizaron cuando estos dijeron que no les había alcanzado el dinero pactado y que había que ampliar el contrato. Lo que probablemente muchos de esos “indignados” no sepan es que esa es la norma y no la excepción con los contratos de obra pública. Se negocian los contratos en las licitaciones por un precio dado, pero luego, ya fuera de los reflectores públicos, “negocian” ampliaciones a los contratos sin que quienes los tenemos que pagar nos enteremos. Eso también debe investigarse.

Adicionalmente se debe investigar más atrás en el tiempo. Si el MP y la Cicig quieren quitarse de encima la sospecha de estar haciendo acusaciones “dirigidas”, deben investigar por lo menos unos años más atrás, ya que todo lo que encuentren que se hizo durante la administración del PP, seguramente se hizo de manera muy similar durante la administración de la UNE y de todos los gobiernos anteriores. Sirva aquí la anécdota de los contratistas que se quejaban durante el gobierno del FRG que en gobiernos anteriores la “comisión” era del 10%, pero que los secuaces de Portillo se dejaban pedir hasta el 35%. Que no nos quieran ver cara de babosos, esta corrupción no inició con el PP.

Pero más importante aún es entender cuál es la raíz de los males. El origen del problema no es que haya funcionarios corruptos que extorsionan a los contratistas, ni contratistas corruptos que sobornan a los funcionarios. La raíz del problema está en el sistema. Ese sistema que le da a los funcionarios el poder discrecional para decidir a quién le asignan los fondos de los tributarios. Ese sistema que les da el poder discrecional para decidir a quién le pagan y a quién no. Este poder es el que les permite a los funcionarios extorsionar y ser sobornados. Y este poder es el que hay que combatir.

Y la única forma de hacerlo es reduciendo la discrecionalidad de los funcionarios públicos y reduciendo la cantidad de cosas que el Gobierno supuestamente debe hacer. Si se establecen límites férreos a lo que el Gobierno y los funcionarios pueden hacer, por mucho que quieran robar no lo van a poder hacer, o por lo menos no lo van a poder hacer a los niveles a que han llegado últimamente. Hay que cortar la corrupción desde la raíz.