¿Se puede reducir la desnutrición crónica sin trabajar integralmente el gran problema de inseguridad alimentaria que se vive en Guatemala? La respuesta oficial y políticamente correcta es que no. Tanto así, que el Plan Hambre Cero del gobierno anterior fue —en papel— un buen instrumento programático para abordar y acabar con este complejo problema.

Como ya sabemos también, el papel aguanta con todo. De Hambre Cero mucho se habló, poco se hizo y menos aún se logró en términos de reducir la desnutrición crónica en menores de 2 años. Importantes estudios hechos por organismos internacionales como el IFPRI, las Encuestas Nacionales de Salud Materno-Infantil (Ensmi) y otros estudios de gabinete más recientes nos deberían servir para reflexionar como sociedad más a fondo dónde hemos fallado, o qué faltó hacer.

Un tema central de esa reflexión debería ser el enfoque de intervención que se ha adoptado para reducir la desnutrición crónica, que ha puesto su énfasis en uno de los cuatro pilares de la seguridad alimentaria y nutricional: mejorar la utilización biológica del alimento que consume cada individuo por medio de la mejora de prácticas sanitarias, mejora de las capacidades especialmente de las madres y cuidadoras, la alimentación complementaria y el monitoreo de crecimiento y desarrollo de la niñez, haciéndoles accesibles intervenciones clave para asegurar su adecuado desenvolvimiento durante la etapa crítica de los dos primeros años de vida.

También, aunque en menor escala, se ha trabajado en mejorar la aceptabilidad y consumo; por ejemplo, por medio de la reintroducción de alimentos vernáculos y culturalmente más apropiados. En ese marco, se ha cargado dentro del Estado la responsabilidad de reducir la desnutrición crónica en el Ministerio de Salud Pública y por el lado comunitario, a las mujeres y las madres de esos niños. Conociendo la situación del país y las condiciones de vida de la mayoría de la población, marcados por la pobreza y la desigualdad en el acceso a oportunidades económicas, se debería enfatizar más bien en la dimensión económica del problema y en el papel de la institucionalidad económica del sector público para ayudar a resolverlo.

En efecto, los otros dos pilares menos trabajados en ese entonces y con la nueva Estrategia de Reducción de Desnutrición Crónica son los que abordan la disponibilidad efectiva a alimentos nutritivos en calidad y cantidad suficiente, y el acceso real y continuo que tienen las personas y las familias a los mismos. En el anterior gobierno se diseñó y puso en tímida marca el Programa de Agricultura Familiar en el Maga, diseñado obviamente para mejorar la economía familiar, para que, en el marco de restricciones vigente, las familias al menos llenaran algunos requisitos nutricionales básicos. Sin embargo, la matriz económica que da lugar al hambre, la inaccesibilidad a los alimentos por medio de mecanismos de mercado y a la desnutrición crónica ni siquiera se discute, mucho menos se diseñan estrategias para el efecto en este tipo de intervenciones para reducir desnutrición crónica.

Si nos vamos a endeudar por US$100 millones de dólares más, con el préstamo que se quiere aprobar, habría que dar prioridad al abordaje y transformación de aquellos factores económicos que impiden la disponibilidad y el acceso a los alimentos. Seguir apostando a estrategias que enfocan en los efectos y no en las causas, especialmente, con una institucionalidad pública desgastada como la del Mides o el MSPAS, que ni siquiera pueden ejecutar su propio presupuesto (MSPAS: 21% ejecución a mayo; Mides: 6% de ejecución), ¿qué de nuevo vamos a lograr?

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