Las acusaciones de CICIG/MP de los últimos años han puesto de manifiesto que pocos colectivos están exentos de haber actuado equivocada o delictivamente, tal como se suponía en una hipótesis inicial. Entre los señalados hay empresarios, políticos, jueces, ricos y pobres, hombres, mujeres y jóvenes, ladinos e indígenas, militantes de derecha e izquierda y personas de cualquier estrato social. Todos ellos metidos en embrollos que precisan de explicaciones a la justicia pero sobre todo a la ciudadanía honesta. Tienen en común haber utilizado las arcas públicas en beneficio propio. Una suerte de comportamiento delictivo cuasi cultural e integrador, ya que parece no excluir a nadie. Las ONG’S no se han quedado al margen y se vio a Madre Selva pagar a manifestantes por asistir a bochinches, se arrestó al presidente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) que pretendía sacar ilegalmente dinero del país y se capturó al presidente internacional de OXFAM. Se evidencia una metástasis nacional en la que, por acción u omisión, la contaminación ha llegado a un punto álgido, ¡y eso que aún faltan casos de alto impacto!

Ese contexto no ha surgido por generación espontánea ni es de exclusiva responsabilidad de los señalados. Lo que aflora es una forma de ser y actuar que permea el comportamiento y que, aunque no guste escucharlo, es aceptada, aplaudida y practicada por demasiados. La recomendación se acepta como la forma de alcanzar privilegios otorgados por quienes se eligen fraudulentamente con dinero público que financia procesos electorales o compra de voluntades. La sumisión y la pleitesía son maneras de ocupar espacios especialmente diseñados para los colaboradores eficaces del establecido sistema corrompido ¡No nos pongamos ahora de tiros largos y queramos ser más decentes que nadie! La culpa es de todos y lo que pasa da más vergüenza que pena, aunque quienes delinquieron tuvieron, al menos, la oportunidad de elegir libre y voluntariamente lo que hacían. Al resto, nos queda resignarnos y padecer las consecuencias de lo que impidieron sus acciones criminales.

Es tiempo de cambiar esa forma perversa de actuar, y también necesario. El problema no es judicial sino político y desde ahí debe visualizarse la solución, aunque no llegará inmediatamente. Los sindicatos deben hacer su propia catarsis, los empresarios también. Los políticos acostumbrarse a rendir cuentas y dejar de promover componendas y chanchullos. Los jueces hacer su trabajo con ética, en el tiempo estipulado y sin esperar beneficios extraordinarios ni concederlos. La mayoría de ciudadanos, practicar principios correctos y no colarse en las filas, querer ser más “chispudos” que lo demás o pretender obtener por la vía de la astucia lo que no corresponde por el camino de la capacidad.

No más salvadores de la patria ni saqueadores de recursos que pregonan “desvivirse por el pueblo”, mientras roban lo que está a su alcance. Excluyamos la mentira como forma de seducción política y el soborno o la maña como medio de búsqueda de la justicia. Hay que diseñar —comenzando por uno mismo— espacios de respeto a los derechos de los demás como si fueran propios. Aparquemos la ambición que usa los privilegios, la posición, el estatus o las ventajas como vehículo, y no los méritos. Nadie lo hará por nosotros. Ni “el pueblo salva al pueblo” ni llamar al uso de la fuerza desde la exaltación permanente de unos pocos sicópatas logran objetivos de paz y desarrollo. Dejémonos de cuentos chinos y pongamos las barbas en remojo.

¡A trabajar pues!, el futuro no dará muchas más oportunidades.