Entre las implicaciones de la iniciativa del presidente Morales en relación a la Cicig conviene destacar una de mediano plazo: se requiere una renovación democrática de la clase política de Guatemala. El error de Jimmy Morales, que agudizó las diferencias existentes en el país en vez de contribuir a disminuirlas o resolverlas, sugiere que las condiciones existentes en 2015 no eran las adecuadas para realizar las elecciones.  Ello se reflejó en su elección como presidente.  El momento demandaba una verdadera apertura democrática, con la presencia de visiones nuevas.  No debía  haberse limitado la participación electoral a los partidos entonces registrados, con acceso a financiamiento de todo tipo, como está quedando en evidencia.

Ya hemos visto los efectos de estas elecciones en el Congreso. Es inoperante, y está constituido mayoritariamente por diputados tránsfugas o por diputados que no han representado a los que expresaron su disconformidad en el 2015. Y lo ocurrido la semana pasada apunta a que esas elecciones tampoco permitieron elegir a un poder Ejecutivo con la voluntad para subirse en la ola anticorrupción generada ese año y con la capacidad de contribuir a la unidad nacional o, al menos, de facilitar la resolución de diferencias. La esperanza casi desbordada de una ciudadanía que buscó en las elecciones una salida pacífica y soluciones concretas a los problemas denunciados ha sido defraudada.

Por otra parte, hubo un hecho positivo ocurrido la semana antepasada que fue desplazado de las noticias por las acciones del presidente. Se trata de las elecciones de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Corresponde contrastar la falta de renovación del liderazgo político surgido de las elecciones nacionales de 2015 con las recientes elecciones de la AEU, un símbolo de lo contrario: mediante una lucha larga y difícil, los estudiantes de la Universidad de San Carlos lograron que se dieran elecciones que permitieran una auténtica renovación de su asociación. Acudieron a los instrumentos legales, interpretaron correctamente el sentido de los estatutos de la AEU, hicieron valer su voz en el Consejo Superior Universitario y dieron a conocer ampliamente sus reivindicaciones.

No fue un pacto de élites. Fue un ejercicio democrático. Abrieron el espacio y lograron que la mayoría se impusiera, con respeto a la democracia. Detuvieron un esfuerzo por realizar elecciones paralelas condicionadas. Establecieron un Consejo Electoral Estudiantil que garantizó la realización de elecciones transparentes y abiertas a todos. En las elecciones pudieron participar desde dirigentes tradicionales, delatados por su edad, hasta los más jóvenes, convencidos de que se abría una nueva era que rescataba la larga historia de lucha de la AEU “Oliverio Castañeda de León”, cuyo nombre completo tanto comunica.

Cuando los estudiantes de la Usac celebraban que ya estaban plenamente establecidos los mecanismos para realizar elecciones justas y transparentes de la AEU, el rector en funciones de esa casa de estudios expresó, según Nómada, que “la historia se escribe hacia adelante”.

Lo que Guatemala necesita es replicar ese esfuerzo de apertura electoral democrática, para asegurar una verdadera renovación de la clase política que ahora dirige al país. Lograrlo requiere reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que puedan participar nuevas fuerzas políticas asociadas con las expresiones populares de 2015. Nuestra historia futura no debe estar condicionada por élites políticas y económicas que le temen a una apertura electoral democrática orientada a renovar al régimen político guatemalteco. Resolvamos nuestros problemas con más democracia. Corresponde escribir una nueva historia, sujeta al estado de Derecho y a la voluntad de las mayorías.

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