“Si alguien está haciendo actos de corrupción, que se persiga el delito, pero que no se persigan (a) personas, porque la justicia es para perseguir a los delitos, pero no a las personas”, dijo el presidente Jimmy Morales, el lunes pasado. La desafortunada declaración dada en la Feria del Empleo no solo evidenció las incoherencias del mandatario, sino que ese juego de palabras tenía el propósito de continuar su pleito con el Ministerio Público y la Cicig.  Una bravuconada con ingredientes de ignorancia en materia penal. A lo largo del día, el mandatario se convirtió en objeto de comentarios sarcásticos y chistes como aquel de que los prófugos ya no deben preocuparse, pues la Interpol ya no irá contra ellos, sino contra sus presuntos delitos. El mandatario envía un mal mensaje y daña su imagen porque su encendido discurso se vuelve un chascarrillo.

Pero no solo ese detalle muestra a un presidente que sigue los pasos de su padrino político, el alcalde Álvaro Arzú, de declarar la guerra a las instancias anticorrupción. La semana anterior se observó un desliz de la cancillería, que renovó la visa del comisionado Iván Velásquez, pero con la advertencia de que no podía inmiscuirse en asuntos internos del país. Una metida de pata sin sentido porque el trabajo de la Cicig es, precisamente, inmiscuirse en asuntos internos, al combatir la corrupción en el país. La Corte de Constitucionalidad obligó a la cancillería a rectificar el infantil ataque contra Velásquez, pero dejó en claro de dónde provenía la acometida, que fue coronada con la ausencia del presidente en la presentación del 10º. informe de la Cicig.

Lamentables, muy lamentables, las actitudes del señor Morales, cuya agresividad y mal carácter hacia el MP y la Cicig se extienden a los periodistas que cubren sus actividades. Nada que ver con aquel comediante risueño que salía en la tele o el candidato presidencial “ni corrupto ni ladrón” que se afanaba en mostrarse como el humilde vendedor de plátanos que quería llegar al poder. No, ahora el que aparece es una copia barata del intolerante Arzú, su protector, y a quien debe palmaditas de apoyo para que siga adelante en esa senda de darle la espalda a la justicia. El problema es que tales actitudes provenientes del Ejecutivo alientan a los sectores extremistas que no cejan en atacar a Thelma Aldana y Velásquez.

Esa obcecación presidencial ha sido detectada por sectores que la ven como parte del entorno hostil a la lucha contra la corrupción. Un ejemplo es la carta que los congresistas Eliot Engel, demócrata, y Edward R. Royce, republicano, enviaron al secretario de Estado Rex W. Tillerson, en la que sugieren que retire la visa a los guatemaltecos señalados de corrupción. En la misiva mencionan que el presidente Morales intentó declarar persona no grata a Velásquez, lo que calificaron como “una decepción que ha sido denunciada por miembros demócratas y republicanos del Congreso de EE. UU.”, indican. También recuerdan que la ayuda económica estadounidense está condicionada a las acciones del gobierno guatemalteco contra la corrupción. El exembajador de EE. UU., Tood Robinson, comentó en Twitter que los congresistas “están llevando la lucha anticorrupción al siguiente nivel”.

Otro revés al presidente Morales vino de parte de la Conferencia Episcopal de Guatemala, que afirmó que todo intento por debilitar a la Cicig favorece la impunidad. El pronunciamiento plantea que en el país existe una dinámica de corrupción, cuyo combate no debe ser conceptualizado como una confrontación ideológica. Por más que insista en su berrinche, la posición del mandatario no es nada cómoda porque enfrenta presiones internas y externas para que facilite la labor de los organismos encargados de combatir la corrupción y la impunidad. ¿Será mucho pedir?

@hshetemul