Estos días se han producido destructivas erupciones volcánicas, inundaciones y deslizamientos de tierra en varios países, que han dejado secuelas de muerte e inmensos daños a la propiedad, a las vías de comunicaciones y un inmenso dolor humano.

La tragedia colectiva que se ha producido esta semana en comunidades guatemaltecas que habitan lugares cercanos al Volcán de Fuego ha conmovido al mundo, y golpeado con tremenda fuerza el espíritu de los guatemaltecos no solo por la magnitud de la pérdida de vidas humanas, sino también por las escenas de dolor transmitidas por la actividad del periodismo fílmico, los reportajes escritos y por los comentarios que corren de boca en boca, porque el horror causado por la erupción se ha producido casi en nuestra vecindad; porque las cenizas y gases tóxicos perjudiciales a la salud humana han sido llevados a miles de metros por los vientos, en todas direcciones, y han caído sobre nuestros tejados, formado capas grises en jardines públicos y hogareños, y dado un tono más oscuro al asfalto de calles y avenidas, dibujando escenarios de muerte, dolor, angustia y desesperanza.

La diferencia entre lo ocurrido aquí y lo ocurrido en otros países radica en la diferente capacidad de la sociedad y de las autoridades nacionales y locales para reaccionar rápido frente a las consecuencias sobrevenidas e inmediatas. En Colombia se produjo un desastre natural casi al mismo tiempo que nuestro volcán lanzaba ríos de lava y lodo sobre zonas habitadas. Las autoridades colombianas evacuaron en poco tiempo a quince mil personas, las colocaron en lugares seguros y las dotaron de tiendas de campaña en cada una de las cuales caben hasta seis personas. Las surtieron de asistencia médica, alimentos y otros medios indispensables para pasar una temporada bajo la protección estatal.

La población guatemalteca, víctima frecuente de terremotos, huracanes, lluvias torrenciales tormentas o depresiones tropicales, inundaciones y erupciones volcánicas se merece ya una organización eficiente que pueda funcionar en su auxilio con prontitud, porque vemos cómo los sobrevivientes de lugares donde se han producido desastres en años atrás todavía siguen a la espera de que el Estado les ayude a restituir las casas destruidas. Una organización, repito, con capacidad de evacuar decenas de miles de personas antes de que se produzcan las grandes desgracias humanas.

La precaria situación guatemalteca no es, fundamentalmente, culpa de funcionarios y empleados públicos ni de los cuerpos privados de socorro. Es atribuible al tradicional sistema político que produce pobreza en la población y en las arcas nacionales.

Hasta el momento de escribir estas líneas según datos oficiales de la tragedia guatemalteca causada por el volcán indican que noventa y nueve personas murieron, hay unos cincuenta quemados vivos, cerca de dos millones de damnificados y cientos de viviendas destruidas.

¿Cuántos años pasarán para que esas personas vuelvan a tener viviendas propias y adecuadas a sus necesidades de vida, en terrenos alejados de la zona de riesgo?

¿Cuánto tiempo pasará antes de que explote otro volcán, se produzca un terremoto, se deslice una montaña, o las torrenciales lluvias arrastren más casas, más vidas, más esperanzas y se desvanezcan las sonrisas inocentes de otros miles de niños?

Las respuestas corresponden, antes que a otros, a los activos rectores de la vida nacional, desde las esferas del poder político y del poder económico, hasta las de los abundantes teóricos de las ciencias sociales.