La batalla pública por descabezar los esfuerzos contra la corrupción y por reducir los vergonzosos índices de impunidad no la puede ganar el Gobierno. Tampoco la judicial, aunque en esta todavía queda un trecho por recorrer y existe un evidente ánimo desde las filas oficialistas por inclinar las fuerzas a su favor, aunque esto conlleva mayores riesgos para el grueso de la población.

En el marco de una de las más promocionadas manifestaciones de repudio contra el actual régimen y sus aliados en el Congreso, se produce un nuevo fallo de la Corte de Constitucionalidad que debería traer un poco de calma en la agitada coyuntura nacional. Esa debería ser la mejor lectura sobre la aclaración del máximo órgano constitucional del país, pues intentar jugarle la vuelta a la justicia con otras interpretaciones solo puede complicar la actual situación.

Debe parar la irresponsabilidad, inmadurez, ingenuidad y arrogancia con la que se está enfrentando la actual crisis, porque los hechos de los últimos días demuestran que ahora está en juego mucho más, ya no se trata de una simple confrontación. El descontento es generalizado y se pueden abrir las puertas a los extremismos.

Quienes desde el monopolio del poder y del uso de la fuerza han intentado ponerle límites al estado de Derecho, envían un mal mensaje a la Nación y al mundo, pues han crecido los temores de mayores abusos o desaciertos, como los ilegales registros efectuados en la Plaza de la Constitución en las vísperas de la celebración de la Independencia.

Ayer, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, declaró que están interesados en continuar conversaciones con Guatemala para mejorar el funcionamiento de la Cicig, lo cual también abre las puertas al diálogo que a su vez ha impulsado la Corte de Constitucionalidad, con la clara indicación de que el Ejecutivo guatemalteco abandone las decisiones unilaterales y revanchistas impulsadas por la actual canciller.

La historia es abundante en ejemplos de cómo los abusos de poder terminan en mayores expresiones de totalitarismo, y aunque pudieran tener un relativo éxito, al final las soluciones también se tornan más traumáticas. La terminan pagando quienes en nombre de la unidad y de otras entelequias confunden su misión, su problemática personal y una deficiente asesoría para encarar la crisis.

Ayer se produjo una nueva manifestación de repudio contra el sistema predominante en varias cabeceras departamentales, y una de sus características más destacadas es que la mayoría de los participantes fueron jóvenes universitarios y personas que han sentido la necesidad de expresar su malestar ante la irresponsabilidad manifiesta en la conducción de los principales órganos de poder, lo que implica el despertar de nuevas conciencias.

Todo esto, inevitablemente, es la muestra de un hartazgo con las condiciones prevalecientes, y esto ya no se puede subsanar con un mayor daño a la institucionalidad porque se corre el riesgo de radicalizar aún más todas las posiciones. Las consecuencias de los desaciertos y de la actual volatilidad tienen una nefasta repercusión en el sistema productivo del país.