EDITORIAL

Obstinada visión sobre el mensajero

Quienes desde diferentes espacios, pero sobre todo las más altas esferas de poder, pontifican contra los efectos del trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) incurren en un garrafal error cuando buscan desacreditar al mensajero, pero poco dicen de las causas que dieron origen a su surgimiento, las cuales se han agravado.

De esto son principalmente responsables los gobiernos, y de manera especial los más recientes, que llevaron a niveles intolerables la corrupción, así como la permisiva y rufianesca actitud frente al desborde de criminalidad, cuya reacción se tradujo en ataques a quienes enarbolan la bandera contra esa práctica y ven en esos esfuerzos la única ruta de salvación, mientras de manera paralela crecieron otros dramas, como la migración irregular.

Muchos de esos vergonzosos episodios podrían evitarse con un cambio de actitud de quienes con perversas intenciones se aferran a cargos. El presidente de la República debería ser el primero en dar muestras claras de estar trabajando por Guatemala y de manera especial por todos aquellos que esperan el mínimo cumplimiento de las promesas electorales.

Cuando el mandatario no solo deja de cumplir con sus obligaciones, sino asume una actitud indolente ante muchos de sus funcionarios, incurre en una de las mayores irresponsabilidades, pues tolera la mediocridad de la mayoría de los integrantes de su gabinete y alienta la inmoralidad de muchos otros funcionarios de su administración.

En vez de eso, uno de sus principales objetivos y el de algunos de sus funcionarios ha sido el de buscar el debilitamiento de la lucha por erradicar la corrupción y combatir la impunidad, como si ese fuera el mayor problema, cuando resulta obvio que todo esfuerzo en ese sentido está condenado al fracaso, porque ese flagelo también es visto ahora como una de las causas del masivo flujo migratorio.

Ni siquiera habría necesidad de una Cicig si no existieran funcionarios corruptos, diputados inmorales o dignatarios judiciales coludidos con estructuras ligadas a criminales designados frente a cargos de mucha relevancia desde los cuales se debería combatir y no tolerar la conducta delictiva, causa de las crecientes presiones y tirones de orejas de la diplomacia estadounidense.

Mucho menos sería necesaria esa presión internacional si funcionara adecuadamente el sistema de justicia y sus máximos representantes se desempeñaran con independencia, solvencia ética y profesional, no como ahora, que se han vuelto parte de un problema mayúsculo que cada vez se torna más difícil de resolver con los recursos nacionales, porque desde diferentes sectores se confabula para entorpecer cualquier cambio de modelo.

La perversión generalizada en el aparato público es la principal causa de que exista una Cicig, y lamentablemente, cuando se ponen sobre la balanza las percepciones sobre el desempeño de cada sector, el Estado pierde porque de este lado prevalece una actitud canallesca, irresponsable y sospechosa, mientras que del otro aflora una imagen de mayor efectividad, y por eso solo puede esperarse un incremento de las presiones en esta dirección mientras no se enmiende ese comportamiento, principal causa de nuestro mayor desastre.

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