Una nueva y fuerte tormenta se ha desatado sobre el gobierno del presidente Jimmy Morales con el procesamiento judicial de su hijo José Morales y su hermano Samuel Morales, sindicados de fraude por haber participado en la manipulación de procesos para la adquisición de bienes y servicios inexistentes, pero que facilitaron la sustracción de fondos públicos.

Este cuadro lo complementa la solicitud de antejuicio en contra de Gílmar Othmar Sánchez Herrera, diputado al Parlamento Centroamericano, quien ocupa esa posición por ser uno de los financistas del partido FCN-Nación. Además, es amigo personal del mandatario y resultó nombrado en la declaración de último momento que hiciera José Morales a la jueza Silvia de León, quien ordenó prisión preventiva para él, su tío y el otro señalado.

Quizá las palabras del comisionado Iván Velásquez durante la conferencia brindada en el Ministerio Público pongan en su justa dimensión la comprensión de la gravedad de las sindicaciones, al declarar que en “el respeto a la legalidad no hay asunto menor o mayor”, sino que se deben indagar las acciones de los funcionarios y particulares en el manejo de recursos públicos.

Ese reto lo enfrentan los familiares y un cercano amigo del presidente Jimmy Morales, quien tampoco puede quedar indemne por esas relaciones, al todavía ser necesario aclarar un posible fraude o lavado de dinero, también por haber simulado una venta de desayunos en el restaurante Fulanos y Menganos.

Este nuevo caso de corrupción se constituirá en una prueba para el sistema en su conjunto y el primero en reaccionar de manera adecuada fue el presidente Morales, cuando declaró durante un acto público que respalda plenamente a sus parientes pero también al estado de Derecho. Con esto, la brasa pasará al sistema de Justicia, el cual deberá mostrar independencia, sobre todo por el gran desprestigio que en estos momentos afronta.

Respecto de los delitos “mayores” o “menores”, se debe entender que, en efecto, resulta difícil reducir un ilícito a esa calificación y que más bien lo acontecido hasta ahora con los detalles que ayer brindaron los responsables del MP y la Cicig no hacen más que arrojar luces sobre los niveles tan lamentables de corrupción prevalecientes.

Cuando un funcionario es capaz de manipular procesos y auxiliarse de particulares para simular compras, se trata de corrupción. Obviamente, las investigaciones posteriores quizá permitan comprender cuáles eran los beneficios buscados, y para quiénes. Pero se trata de una lacra demasiado enraizada en Guatemala.

El titular de la Cicig fue enfático al afirmar que en las primeras investigaciones no se puede determinar que los parientes del mandatario hayan recibido algún beneficio directo, lo cual en nada minimiza la gravedad del hecho ocurrido, sobre todo porque los funcionarios del Registro de la Propiedad sí tenían total claridad sobre sus objetivos.

Mientras existan personas o funcionarios que continúen viendo los recursos públicos como una fuente de ingresos fáciles, difícilmente será posible erradicar la “cultura” de la corrupción.