Constituyen un grave riesgo para la democracia guatemalteca los intentos de los organismos Legislativo y Ejecutivo para cambiar leyes con un criterio antojadizo, casuístico y de claro beneficio mafioso, o como en el caso del presidente Jimmy Morales, de colocarse al borde de la ilegalidad a causa de una obcecación que se intenta justificar bajo términos líricos y enfocados de forma ambigua.

El oficialismo vociferó ayer las mismas consignas en la instancia de jefes de bloques del Congreso para justificar la inclusión de los cambios a la Ley de Antejuicio, que busca convertir esa figura legal en una oscura arma política contra opositores.

Por apenas un voto se logró evitar que llegara a discusión en el pleno en tercera lectura este adefesio legalista, con el cual los integrantes del Pacto de Corruptos pretenden erigirse en un poder absoluto, haciendo a un lado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes por cierto ni siquiera se han dignado a pronunciarse, en una situación que también dice mucho de sus afinidades y temores.

La amenaza persiste, pues mediante las triquiñuelas con las que acostumbran a moverse los diputados podrían intentar hoy que alguno de los impresentables plantee una moción privilegiada para continuar con sus intentos de llevar a efectos insospechados el objetivo de copar la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos mediante una reforma tras la cual se atisban mentes enfermas.

Vale la pena resaltar que, con ese tipo de estratagemas, se perciben medidas desesperadas por quienes se ven y están acorralados. Temen que los alcance el brazo de la justicia por casos de corrupción, porque muchos de ellos se encuentran en un callejón sin salida, ante una histórica ola de indignación internacional y nacional por las actitudes y acciones tomadas.

El oficialismo pretende una verdadera aberración, al mejor estilo de Chávez, Ortega o Maduro, lo cual demuestra además que sus argumentos y señalamientos de querer marcar a los opositores como izquierdistas o comunistas solo son falacias fascistoides para disimular sus aviesos fines. Eliminar los filtros de la justicia anularía el ya frágil equilibrio de poderes y los convertiría en déspotas.

Así como Jimmy Morales no es el Estado, los diputados tampoco pueden atribuirse poderes ilimitados, pero en la medida en que la desesperación se apodere de esta clase política irresponsable, cabe esperar que puedan crecer las amenazas para muchos otros sectores, pues cada vez se hace más claro que el respeto a la ley se ha vuelto un eslogan más, como el de “ni corrupto ni ladrón”.

Lo ocurrido hasta ahora en Nicaragua y Venezuela ilustra el enorme daño que causan a los países el desquiciamiento de un grupúsculo de politiqueros en el poder, pero en esa ruta se encuentra Guatemala, y viendo la precaria situación de aquellas naciones, se comprende que requerirá mucho tiempo, esfuerzo y la participación decidida de guatemaltecos honorables para reparar el enorme perjuicio causado por la corrupción, aunque también será largo el camino a recorrer para lograr un mínimo de normalidad, cuando se derrumbe el imperio de la impunidad.