Al presidente de Estados Unidos numerosos analistas han intentado convencerlo de no utilizar de manera espontánea su cuenta de Twitter, porque cada mensaje que envía ha desatado tormentas de todo tamaño y riesgo. Hasta ahora, nadie ha logrado ese objetivo, y las discrepancias en torno a la conducción de temas vitales ha sido motivo de agitadas discusiones.

En Guatemala sucede algo parecido, y aunque el mandatario Jimmy Morales ha sido más bien parco en el uso de las redes sociales, también ha sido motivo de controversiales reacciones cuando aborda temas sobre los que tiene un precario conocimiento o sobre los que tampoco tiene suficiente información, lo que se complementa con un equipo de muy modestas capacidades, incapaz de revisar los desafortunados textos que llegan a miles de usuarios.

El pasado sábado, el mandatario escribió en su cuenta de Facebook: “¿Hay alguna ley superior a la Constitución? No. Ninguna ley nacional o internacional es superior a la Constitución de un país… ¿Por qué entonces en Guatemala hay grupos que quieren sobreponer a nuestra Constitución acuerdos internacionales, teorías humanistas o leyes ordinarias?”

Esto implica que desconoce la Constitución, que le otorga preeminencia al Derecho Internacional y establece que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el Derecho interno.

Sería ocioso plantearse la interrogante sobre a quién creer en una disyuntiva de tal naturaleza, porque esas declaraciones provocan vergüenza ajena a quien las escucha, y porque tampoco es el primer lapsus en el que incurre el presidente, debido a no entender lo que implican los compromisos contraídos por medio de tratados internacionales.

Esa discusión ni siquiera debió darse, si no fuera porque el mandatario ha tenido un giro de 180 grados desde su discurso como candidato. En ese tiempo, ofreció un cambio de modelo, capaz de sustituir a los malos representantes de la vieja política y aun en sus primeros meses como gobernante parecía que intentaba hacer lo correcto, hasta que dos de sus familiares cayeron en problemas con la justicia por claros y anómalos procedimientos en la prestación de servicios profesionales que fueron utilizados para efectuar una operación fraudulenta.

Pudo más el discurso de un pernicioso círculo de influencia negativa sobre el presidente, que lo ha hecho cambiar claramente sus prioridades, y pese a ser Guatemala uno de los países más castigados por las inmoralidades de los políticos, la política oficial es parca en apoyar los embates de la justicia contra el crimen organizado y en cambio es más frecuente escuchar posturas en contra de lo que él y sus asesores consideran injerencia extranjera.

En todo caso, es positivo que se defienda el texto constitucional, pero no del diente al labio, sino con la plena convicción de lo que ahí se establece, sobre el cual tampoco deberían existir confusiones, ni mucho menos interpretaciones antojadizas, con el único objetivo de aislar a Guatemala de la cooperación internacional, que ha sido el principal soporte de cruciales procesos internos.