Opinión

A contraluz

Retorno al pasado

Haroldo Shetemul

Haroldo Shetemul

¿Para anunciar que no renovará el mandato de la Cicig con un año de anticipación el presidente Jimmy Morales necesitaba rodearse de militares y enviar vehículos artillados para amedrentar a la Cicig, la Corte de Constitucionalidad y la Embajada de EE. UU.? No, definitivamente no. Esa fue la única salida que le quedó luego de que se le desbaratara el plan siniestro de sacar del pelo a Iván Velásquez, ponerlo en un avión rumbo a Colombia y destituir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con el respaldo del Congreso. Se había caído el golpe de Estado fraguado por la juntita militar que es en realidad la que gobierna y ejecuta acciones por medio del presidente. La presencia del numeroso grupo de militares atrás del gobernante solo evidenciaba su objetivo de aparentar fuerza y unidad en el mando del Ejército. ¿Contra qué enemigo: Un comisionado civil que lucha contra la corrupción e impunidad? El mandatario fracasó porque envió un mensaje equivocado: mostró al mundo su total debilidad.

Tras la arrogancia del presidente está una estructura militar involucrada en el saqueo de los recursos del Estado y el crimen organizado. A ese poder paralelo le urge terminar las investigaciones en su contra para evitar que sigan cayendo sus piezas clave. Las más recientes han sido la captura del general Érick Melgar Padilla y el cuestionamiento contra el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, por desbaratar los avances en la Policía. Ya antes se había tenido que refugiar en el Congreso el coronel Herber Melgar Padilla por su involucramiento en escuchas telefónicas ilegales y la huida del diputado Édgar Ovalle, también coronel, implicado en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. El propio presidente Morales tiene una nueva solicitud de antejuicio en su contra por financiamiento electoral ilícito, con el agravante de que ahora hay testimonios de empresarios que dieron los aportes. En este último caso existe conflicto de intereses porque el presidente quiere echar del país a una institución que lo investiga, por lo que sus declaraciones del 31 de agosto son ilegítimas.

Las reacciones del entorno político y económico mostraron quiénes están a favor de la corrupción y la impunidad. Con raras excepciones, la mayoría de partidos políticos y diputados celebró la decisión presidencial porque está en la mira de las investigaciones de la Cicig. También llamó la atención la postura del Cacif de ser “respetuoso” de las decisiones del mandatario porque las investigaciones de la comisión internacional demostraron no solo el papel que grandes empresas, como Aceros de Guatemala, han tenido en la defraudación fiscal, sino que también están implicadas en el financiamiento electoral ilícito. El sector privado siempre ha estado coludido con la clase política corrupta para el financiamiento de campañas electorales para luego cobrar con creces a costa del erario.

El Pacto de Corruptos está envalentonado. Cree tener luz verde luego de que del Departamento de Estado de EE. UU. saliera una contradictoria felicitación por los supuestos esfuerzos contra el narcotráfico y la inseguridad en Guatemala. Por ello hay que estar atentos, porque es muy probable que el plan siniestro continúe con la intención de negarle el ingreso al país a Iván Velásquez cuando retorne de su visita a EE. UU. De concretarse tal medida supondría un enfrentamiento directo del gobierno con la comunidad internacional. También estarían dispuestos a ir contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el procurador de los Derechos Humanos que han sido las instituciones que han puesto un alto a las barrabasadas del Ejecutivo. A ese plan se agrega el objetivo de los diputados impulsar una ley contra magistados de la CC. Los corruptos quieren que retornemos al pasado, algo que aún está por verse.

@hshetemul