El endurecimiento de las políticas domésticas que ya fueron anunciadas en Estados Unidos para paliar el flujo de la migración de indocumentados conlleva riesgos enormes para México y las naciones centroamericanas, de donde más viajan quienes aspiran a cambiar un modelo de vida lleno de penurias.

Solo con la expulsión de unos pocos miles de inmigrantes podría desatarse una crisis humanitaria en más de un país, sobre todo en México, que ahora enfrenta la amenaza de que su territorio pueda ser usado como primera instancia para las deportaciones en la zona fronteriza con Estados Unidos, una parte de la nueva dinámica que Washington busca implementar para deportaciones expeditas.

Es tan delicada esa amenaza, que México ya hizo un reclamo, al advertir de que no aceptará que ningún país decida de manera unilateral respecto de políticas con posibles repercusiones en la estabilidad o soberanía de su territorio. Si Estados Unidos emprende una masiva deportación de indocumentados hacia la frontera con México, le creará un enorme problema a esa nación, con una demanda de servicios que no podrán ser atendidos, por más argumentos legales que puedan asistir a la burocracia de Washington.

Una política de esas características puede desencadenar una crisis humanitaria que golpearía no solo a México, sino a todo el mundo, si se solicita la intervención de las Naciones Unidas ante cualquier eventualidad. Entre los problemas para interpretar bien los hechos se encuentra la ambigüedad que suele tener el lenguaje diplomático, pues aunque las autoridades estadounidenses se preocupen por suavizar el tono de las declaraciones, estas contrastan con la energía de lo expresado en los documentos oficiales.

Durante su visita a Guatemala, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, les habría asegurado ayer al presidente Jimmy Morales y al canciller Carlos Raúl Morales que no habrá deportaciones masivas de guatemaltecos, pero los documentos conocidos el pasado lunes en Washington claramente apuntan a un endurecimiento de las políticas sobre los migrantes indocumentados, ahora más vulnerables a ser capturados, aunque no hayan incurrido en delitos.

Ante amenazas de esa clase, México no ha dudado en advertir de que acudirá a las Naciones Unidas o a cualquier instancia internacional en defensa de los derechos de su territorio. En ese sentido los países del Triángulo Norte deben tomar debida nota porque buena parte de las deportaciones recaerán sobre ciudadanos de estas naciones, pues aunque México tenga mucha más población residente en territorio estadounidense, es de donde la migración es decreciente.

El secretario Kelly también calificó ayer la migración ilegal como un cáncer, y por infortunio le faltó referirse a las causas que llevan a ese desenlace, una de las cuales es la precariedad de la vida de los guatemaltecos y centroamericanos. Esto empuja a miles de seres humanos a desafiar el peligro a riesgo de su vida, cuya mayor responsabilidad también debe verse en la deficiente gestión pública y la inmoralidad de un alto número de autoridades. Es, como todos, un problema cuyas facetas son muchas, variadas y complejas.