Numerosos alcaldes y aspirantes a alcanzar el poder local están enfrascados en una frenética actividad por lograr convencer a sus vecinos de que son la mejor opción de continuidad o de cambio. Muchos que buscan desbancar a los titulares lo hacen en abierta violación de la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, al dar pasos osados que van más allá del proselitismo.

Hay otros, sin embargo, que lo hacen con recursos públicos y con calculado calendario programan sus obras para que las reinauguraciones coincidan con la efervescencia electoral y que por la simple casualidad los votantes aprecien su trabajo y los vuelvan a elegir.

Algunos más vivos intentan aprovecharse de esas inauguraciones para promocionarse, junto a acompañantes también con aspiraciones electoreras, por lo que el Tribunal Supremo Electoral ha amonestado a varios de ellos porque muchos de esos actos trascienden el protocolo para la inauguración de esas obras, al punto de que terminan en auténticos mitines políticos.

El grueso de los restantes asume una actitud más complaciente con cierta parte del vecindario, lo cual alcanza ribetes preocupantes, como es la aplicación de leyes y reglamentos sobre el tránsito, dejando pasar innumerables violaciones con el simple fin de no distanciarse de potenciales votantes, a los cuales en pleno periodo electoral incluso se les toleran abusos que en otras circunstancias serían castigados.

Una de las más lamentables consecuencias de esa permisividad es que problemas cotidianos se acrecientan con esa actitud indolente. Lidiar con el tráfico cotidiano se ha convertido en un calvario, pero quienes más le suman riesgos o violación a la normativa son los motoristas, que no solo ponen en riesgo su vida, sino la de otros pilotos, al conducirse de manera intempestiva e irresponsable.

Los alcaldes deben asumir con mayor rigor su obligación de poner un mínimo de orden en ese caos, y esto empieza por controlar a ese creciente sector motorizado, el cual no comprende que no tiene derechos superiores a los de los automovilistas y menos se debe conducir poniendo en riesgo a su propio núcleo familiar cuando sobrecarga esos pequeños automotores.

Esas incongruencias, entre el afán por figurar con obras que pagan los contribuyentes y la tolerancia hacia determinados sectores, ponen a muchos alcaldes en predicamento, porque entonces su función punitiva se aplica con mayor rigurosidad a los conductores de automóviles y en muchos casos esos castigos, como multas elevadas, son además imposibles de esclarecer, porque ellos son juez y parte contra los indefensos automovilistas.

Esto es parte del subdesarrollo en Guatemala, aunque también un ingrediente relevante del anectodario nacional, pues el doble rasero con el que se comportan las autoridades plantea la cara más desagradable de una moneda: la justicia, en sus más elementales expresiones, se aplica de manera selectiva, mientras miles de temerarios conductores manejan con impunidad.