Rodrigo Borja, expresidente ecuatoriano y uno de los juristas más reconocidos en América Latina, escribió una de las obras más ilustrativas para las ciencias sociales, la Enciclopedia de la Política, que explica con lenguaje sencillo las respuestas a dudas comunes, y ante las acciones de nuestro gobierno es conveniente situarnos conceptualmente. Para entender qué es un gobierno de facto el concepto dice así: “Es el que se instaura o se ejerce al margen o en contra de la ley. Lo de facto sugiere necesariamente la idea de “antijuridicidad”. Lo de facto está en permanente contradicción con lo de jure en materia política. De manera que gobierno de facto es el que se origina al margen de la ley o el que se ejerce en contra o fuera del derecho. Un gobierno puede ser de facto por su origen o por su ejercicio. Por su origen, si no emana en la forma y modo establecidos constitucionalmente, y por su ejercicio, si el gobernante obra fuera de la ley aunque su asunción del mando haya sido legal”.
El lunes, el presidente rodeado del vicepresidente, ministros y otros funcionarios anunciaron que le dieron 24 horas a la Cicig para salir del país, porque de manera unilateral se dejó sin efecto el convenio celebrado con Naciones Unidas.

En el plazo de 24 horas, si supusiéramos que la dinámica del gobierno fuera legal, la Cicig, que goza de autonomía funcional, debería darle toda la información al Ministerio Público o, en su caso, a la Policía Nacional sobre investigaciones que tiene. Información delicada, sin lugar a dudas, y hasta hallazgos inevitables que pudieron haber mostrado que funcionarios con antejuicio delinquen, y así operativamente imposible cumplir con el plazo.

El Presidente de la República hizo su comunicación en dos partes, la primera, con una exposición muy mal fundamentada y constitucionalmente absurda y una segunda parte en donde se presentaron casos paradigmáticos que, según la lógica oficial, convencían sobre la posición oficial.
La posición del Organismo Ejecutivo es hacer una crítica a la Cicig, pero cometió un grandísimo error: entrar a calificar distintos fallos judiciales, situación que rebasa por completo su mandato, porque la independencia de poderes, por lo menos de forma normativa, está garantizada. En la sede del ejecutivo el Presidente criticó a la Cicig, pero gravitó todo en torno a responsabilidades judiciales porque jamás deslindó unas de otras y sus palabras son más achacables a jueces que a fiscales.

En la segunda parte, el presidente presentó testimonios que intentan avalar los abusos, y dos llaman la atención. Presentó a los señores Bitkov, quienes ya fueron condenados por el sistema judicial y tienen apelaciones en trámite, acá hay delito porque se presiona a los jueces desde el propio despacho presidencial ¿no es acaso presión para el magistrado de apelación lo que dijo el presidente? Por otra parte se presentan familiares del exministro Carlos Vielman, pero él también tiene asunto judicial en trámite. Existen presiones a jueces que conocen de expedientes en trámite y esto es grave.

Ningún gobierno puede dejar sin efecto de forma unilateral un compromiso internacional como acá se ha hecho con base en críticas a fallos judiciales, no haber deslindado qué es la Cicig y qué es el sistema de justicia condena la nulidad de la decisión presidencial.
Como se habla mucho de la constitución cumplo con trascribir una parte pequeña del artículo 203: “Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas en el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”. ¿Será que han leído esto?