Por mucho, la corrupción se ha convertido en el principal problema para crear las condiciones necesarias para un clima adecuado de negocios y a este se suma una pobre cultura de denuncia, por lo que el abuso en las oficinas públicas y las exacciones se convierten en parte muy importante del engranaje que mueve una maquinaria nefasta.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó ayer una encuesta sobre la percepción de integrantes de nueve cámaras empresariales acerca del primer trimestre del año, con datos en torno al ambiente en el que grandes, pequeños y medianos empresarios deben competir. La información, claramente, es poco alentadora y requiere mayor compromiso del Estado para combatir con seriedad este flagelo socio-económico-político.

Los empresarios consultados ven mayoritariamente, con un 39 por ciento, que la corrupción es el principal problema de Guatemala. A este le siguen el desempleo, 22 por ciento; la delincuencia, 15 por ciento; y la pobreza, 13 por ciento, como los grandes problemas sobre los que se debe trabajar en el país para crear condiciones favorables para la actividad empresarial.

Esa percepción se complementa con la idea de los empresarios sobre el impacto que la falta de eficiencia y ética representa para los negocios. El 81 por ciento de los encuestados considera que la corrupción afecta mucho, mientras un 11 por ciento opina que poco y un 7 por ciento no opina.

Es obvio que la percepción sobre la inmoralidad gubernamental ha calado hondo en la percepción de los guatemaltecos, pues no solo se mantiene como tema predominante, sino que, de acuerdo con esta nueva encuesta, el 46 por ciento de los entrevistados ve que la corrupción sigue igual en el actual gobierno, un 28.7 por ciento cree que disminuyó y un 16.8 por ciento afirma que aumentó.

Un dato relevante es que casi uno de cada dos empresarios encuestados percibe que el abuso con los recursos públicos persiste y que, además, para que los negocios avancen deben someterse a sobornos para agilizar trámites públicos o que los funcionarios favorecen a familiares y amigos incapaces y/o inexpertos, así como proclives a las tradicionales malas prácticas.

Un dato relevante de la encuesta presentada por el Cacif es cuando se pregunta si la empresa ha sido sometida a sobornos, pues el 52 por ciento de los entrevistados prefiere no opinar, mientras que un 43 por ciento dice que su firma ha sido expuesta a dar sobornos. Además, 72 por ciento percibe que existe una baja cultura de denuncia.

Esta nueva medición confirma la generalizada percepción de que uno de los mayores problemas del país es la corrupción, agravado cuando quienes deben velar por su combate se colocan del lado de las fuerzas oscuras, haciendo más compleja su erradicación.

En resumen, con estos resultados del sector privado organizado se infiere que los esfuerzos anticorrupción son populares y bienvenidos. Corresponde ahora convencer a quienes integran las más altas esferas del poder público de asumir con responsabilidad el desafío de combatir el mayor flagelo para los guatemaltecos.