Hasta ahora ningún gobierno ha hecho de la corrupción el tema de primer orden en una agenda de Estado. Por el contrario, la mayoría de presidentes de la era democrática han quedado marcados por una conducta inmoral, al extremo de terminar en el banquillo de los acusados o tras las rejas.

Desde la reinstauración de la democracia, una de las peores gestiones había sido la encabezada por la dupla formada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, pero los actuales mandatarios, Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, pasarán la historia por haber entorpecido los esfuerzos por combatir la corrupción y por haberle abierto las puertas a las mafias de cuello blanco.

Lejos de presentar algún mérito en el combate de la corrupción, muchos de los integrantes de este gobierno cargarán con el sello de haber llevado a niveles inconcebibles sus esfuerzos por desbaratar los avances contra ese flagelo. Cancelar el acuerdo para la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y prohibirle el ingreso a su titular, Iván Velásquez, es un estigma que ha marcado a esta administración.

En esos esfuerzos afloró incluso el poco criterio de quienes tomaron la iniciativa de utilizar vehículos militares donados por Estados Unidos para intimidar a la sede diplomática de ese país acreditada en Guatemala y contra la oficina de Naciones Unidas encargada de combatir las mafias incrustadas en el Estado, una acción de la que muchos se arrepentirán.

Al conmemorarse un nuevo Día Internacional contra la Corrupción, Guatemala es uno de los países que más retrocesos puede mostrar a la hora de hacer un balance, pues desde las altas esferas de poder se han fortalecido las estructuras que tienen sometido al Estado. Una conducta repudiable, al extremo de hacer inoperantes a muchas instituciones o de instrumentalizar otras para acosar a quienes respaldan el combate de la inmoralidad.

Esos retrocesos mostrados en la actual administración han provocado una permanente vigilancia de congresistas de Estados Unidos sobre lo que ocurre en Guatemala, como la nueva carta que varios integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense enviaron al secretario de Estado para requerir, de nuevo, detalles concretos sobre el uso de vehículos militares por parte del gobierno guatemalteco para merodear en sedes diplomáticas.

Esas y otras acciones no terminarán mientras en Guatemala se siga creyendo que la corrupción tiene alguna viabilidad, porque su impacto ha trascendido fronteras y la indignación se ha generalizado entre diplomáticos y políticos de otros países. A ellos se unen millones de guatemaltecos hartos de ver un desfile de inmoralidad en los tres poderes del Estado.

En los tribunales, en los medios de comunicación, en la ineficiencia administrativa y en la conducta de muchos sectores de poder se sigue percibiendo un ambiente favorable a las prácticas corruptas, mientras las fuerzas de seguridad se muestran incapaces de detener una nueva y espeluznante ola de violencia, como lo evidencia la atroz muerte del exdiputado Joaquín Humberto Bracamonte Márquez y su esposa, Zulma Vyanka Subillaga Dubón.