La seguridad ciudadana sigue siendo una de las grandes preocupaciones de la población, y ayer, en un aparente acto espontáneo de pobladores de colonias ubicadas en la zona 18, varios de los asistentes pidieron al presidente Jimmy Morales mantener al contingente del Ejército patrullando la zona, aunque se trata de una medida irreversible que cierra ese capítulo.

El reclamo de la población está justificado, pero es obvio que las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana, que no es atribución del Ejército, han actuado con total irresponsabilidad porque el retiro de los elementos castrenses, que se sabía con anticipación que ocurriría, debió contar con planes alternativos para la sustitución de efectivos policiales a fin de no dejar desprotegidas áreas sensibles.

Pudo existir incluso mala fe para generar ese malestar o hacer más espectacular el retorno a los cuarteles de la tropa, pero además, desde muchos años se debió empezar a preparar un plan gradual para suplir el aporte presencial de los militares en las calles, y pese a que la Policía Nacional Civil ha tenido un crecimiento sostenido no se perciben acciones para mejorar la percepción ni la realidad de la seguridad.

Los últimos gobernantes, sobre todo el actual, han pretendido atrasar esa medida, pero presiones mayores externas obligaron a darle cumplimiento a lo estipulado en los acuerdos de paz, firmados hace más de veinte años, para dar paso al fortalecimiento de la seguridad interna en manos de civiles.

El Ministerio de Gobernación tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población y para ello cuenta con uno de los presupuestos más altos en el Estado y tiene que hacer esfuerzos mayores en la modernización de grupos élite que deben responder con prontitud, eficacia e inteligencia ante cualquier brote de criminalidad. El actual titular, Enrique Dehenhart, declaró ayer que está analizando un plan para reforzar esas áreas, lo cual es más que penoso, por lo tardío de la medida.

Eso pasa también por asumir con mayor responsabilidad el manejo de los recursos que se le asignan, pues ahora esta cartera se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para el Ministerio de la Defensa, donde ni siquiera se sabe cuánto personal trabaja efectivamente porque la opacidad de sus autoridades ha hecho inescrutable la fiscalización de sus gastos.

En el Ejército también se debe entender que su paso por la seguridad citadina pudo tener una necesidad en algún momento específico, pero ahora tienen un reto mayor para atender, como es el cuidado de las fronteras, que en Guatemala son de las más porosas de Centroamérica y por ello es que este país se ha convertido en una de las más grandes bodegas para los carteles del narcotráfico.

Es inconcebible que en un país tan pequeño y con un ejército tan numeroso como el nuestro pueda existir un trasiego de drogas tan escandaloso y, peor aún, ni siquiera con el despliegue de tropas a zonas fronterizas puede detenerse ese infame flujo, porque también la corrupción merece ser combatida dentro de las fuerzas armadas.

Guatemala ha dado un paso importante en el cumplimiento de demandas internacionales para el fortalecimiento del poder civil y quienes tienen a su cargo esta tarea también deben actuar con responsabilidad y profesionalismo para atender el reclamo ciudadano