Guatemala podría haber dado un paso hacia atrás con la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad, en lo cual los grupos tradicionales de poder tendrán una gran responsabilidad si quienes han recibido esa designación no cumplen a cabalidad la misión que a partir de abril tendrán en sus manos.

Hasta ahora, el sentimiento predominante parece ser el de frustración, por la forma como ha quedado integrado el máximo órgano constitucional del país, y aunque sobre cada uno de los electos existen tachas, corresponde esperar a que con sus resoluciones marquen una clara diferencia sobre las dudas que esta vez surgen desde diferentes sectores.

Ciertamente, ninguno de los entes a los cuales correspondió elegir o designar magistrados titulares y suplentes está libre de ser cuestionado por buscar obtener algún beneficio hacia su círculo de influencia, algo que solo el tiempo y cada resolución en temas trascendentales permitirá calificar como acierto o desacierto de quienes los impulsaron.

La primera de esas instancias es la Corte Suprema de Justicia, donde existe una mezcla de profesionales, con particulares intereses, que deben su elección a dos agrupaciones políticas, el Partido Patriota y Líder, que hace casi dos años tenían el pleno dominio del Congreso y que hoy están a un paso de la extinción, por lo que la plena independencia para la designación se convierte en algo discutible.

Lo mismo ha ocurrido en el Colegio de Abogados y Notarios, donde virtualmente debería existir la mayor posibilidad de independencia, precisamente porque son miles de profesionales del Derecho los que podrían incidir en la elección de sus mejores agremiados, pero en cambio el abstencionismo y la apatía facilitan que grupos tradicionales que se han disputado cargos de relevancia vuelvan a ser los protagonistas de un evento sobre el cual se esfuman las esperanzas.

En el Organismo Legislativo ocurrió lo que se sospechaba y los acuerdos por una candidatura única fueron evidentes, con el resultado de la votación de una abrumadora mayoría que incluso contó con la participación de varios congresistas que ni siquiera se caracterizan por una asidua asistencia pero que claramente en esta ocasión atendían a una consigna.

Poco queda por decir sobre los procesos que desde hace años se impulsan desde la Universidad de San Carlos, donde los decanos de la Facultad de Derecho se han convertido en figuras poderosas, ya no solo en esa casa de estudios, sino en todos aquellos procesos en los que su representatividad tiene injerencia y las elecciones para la integración de la CC son la mejor oportunidad para patentizar la hegemonía.

Quizá la mayor decepción sobre este proceso la encarna el presidente Jimmy Morales, quien con cada decisión parece alejarse más de su discurso político, con lo que también le da espalda a una población urgida de cambios. En manos de los magistrados electos para integrar esta nueva CC queda ahora la posibilidad de revertir las críticas y esto solo se puede lograr con fallos que no dejen dudas de su integridad.