Sobrevaloración, mala calidad de las obras, ungüento mordelón bajo la mesa, y ene cantidad de chanchullos son los responsables del anatema presupuestario.

Añadido a lo anterior, la Contraloría padece de una desnutrición técnica crónica al contar únicamente con unos 540 auditores para levantarle las enaguas a medio mundo institucional. No disponen de recursos, viáticos, vehículos suficientes, y cuando producen alguna auditoría,  no son pocas las que salen chuecas, sin el rigor técnico necesario para darle a la Fiscalía el fundamento legal para sancionar y meter al bote a los inescrupulosos.

Entonces pasa lo que siempre ha pasado. El crimen paga porque el chanchullo es fácil. Y el círculo vicioso se convierte en tropel de avorazados  vividores estatales que año con año continúan en la danza de la corrupción permanente, sabiéndose inmunes a la persecución penal.
Así,  la degradación financiera se profundiza haciendo que Guatemala siga siendo uno de los países más corruptos del mundo, según el informe de Transparencia Internacional,  del año pasado.

Y entonces uno se pregunta ¿para qué  fregados un contralor y una Contraloría,  si nació con tara genética negativa, y aunque quiera, no puede?  La respuesta desconsuela: su razón de ser es servir de mantel de blanqueo burocrático pasando buenas calificaciones a la mara institucional para que no tengan problemas ni reparos. Y cuando los hay, una amonestación tipo spanking   es el extremo del peor escenario. Ergo: el crimen paga, porque el saqueo es fácil.

De manera que todo el esfuerzo de cabildeo, de evaluaciones y el tiquistiquis de las Comisiones de P ostulación no lograrán solucionar el problema de fondo por más ingenuidad y buena voluntad que se tenga. Solo pondrán otro chofer conduciendo la misma camioneta destartalada, sin hoja de ruta y  con exactamente el mismo destino de puerto infeliz.

Otra cosa sería independizar realmente a  la Contraloría, blindándola de los cabildeos insanos, dotándola de recursos, elevando el rigor académico y el número de auditores, empoderándola con dientes, garra y músculo legal con potestad de perseguir y encarcelar al ladrón; al extorsionador de cuello blanco que exige mordida hasta para pagar cuentas a los proveedores. Al constructor malabarista con vínculos en las diputaciones  o con cuelludos de vuelos altos escondidos detrás de gatos mandaderos prestanombres.

Por mi parte, suspiro  cada vez que pago mis impuestos sabiendo que buena parte de ellos pararán en las cavernas de Alí Babá; un sentimiento de frustración compartido por la ciudadanía responsable de dotar de recursos al Estado.

Ante esta realidad, nunca alcanzarán  los recursos en un país con una presa de deudas sociales pendientes.

Luego vienen los aportes constitucionales que son una camisa de fuerza al canibalizar los recursos con una lógica pétrea absurda. El resultado es alentar la gastadera por inercia, sin enfoque ni prioridad. Ante todo, se deja a la deriva a instituciones como el sistema de justicia, que requieren mucho más que un 5% del Presupuesto General de la Nación. ¿Controlar o contralor?, esa es la cuestión.

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