seguir explotando petróleo en el parque nacional Laguna del Tigre con una movida ilegal e ilegítima, en la actualidad hay un diputado que parece estar imitando a copipeist… y trabaja “seguramente” por el interés nacional.

Un diputado patriotista —quien aparece como graduado de Princeton y vestido de minero en su página de feisbuk— presentó el 23 de enero de este año, junto a un colega, la iniciativa 4759, “que dispone aprobar ley de servidumbres legales para el desarrollo de las obras de infraestructura eléctrica de transmisión”. Este mamarracho —pésimamente redactado, que será legal si el Congreso lo aprueba— es la estrategia que encontraron para que la transnacional de origen colombiano Trecsa pueda poner los cables sobre Río Dulce sin la aprobación del Conap. Recordemos que esta historia arranca con la dudosa licitación que aprobaron el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Electrificación al otorgar el sistema de transmisión eléctrica en concesión a la Empresa Eléctrica de Bogotá, que se “traspasó” a Trecsa. Con esa movidita, los operadores locales de Trecsa lograron que el Estado de Guatemala otorgara, sin necesidad de la mayoría de votos en el Congreso, la concesión del cableado eléctrico a esa empresa extranjera por 50 años.

La ley que Cristiani y España pretenden pasar ahora, dice, en su artículo 3: Construcción de servidumbres legales e indemnizaciones: Se constituye en calidad de servidumbres legales de utilidad pública los gravámenes que afecten los bienes inmuebles por el paso, pie, basamento o recorrido de la construcción de las obras de Transmisión de Electricidad; siendo título suficiente para la anotación del gravamen respectivo, en el Registro General de la Propiedad o en el registro municipal sobre derechos de posesión, la resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas a través del ministro… El proceso de fijación del monto de la indemnización se llevará de forma paralela y separada e independiente al proceso de imposición de la servidumbre legal; la falta de acuerdo, en cuanto al monto de dicha indemnización, entre el desarrollador de la obra y el propietario del bien inmueble afecto a la servidumbre legal, no impedirá la imposición forzosa del gravamen en cuestión.

¿Capisci? De esta manera pretenden pasar por donde se les dé la gana sin que nadie pueda impedirlo; y punto. No se hace diferencia alguna entre un área protegida, terrenos municipales o tierras privadas: encontraron la fórmula perfecta para poder expropiar y apoderarse automáticamente de los lugares sobre los que les es necesario “pasar”. Considerando que los diputados trabajan ¡únicamente! por el bien de la población guatemalteca, ¿no deberíamos preocuparnos…?