se pusieron de acuerdo —a finales del siglo pasado, sin que nadie se enterara— para crear condiciones jurídicas y legales que permitieran explotar los bienes naturales que pertenecen a toda la población del país según la Constitución. La industria minera cuenta con soporte legal, institucional y sectorial, nacional y extranjero. La mayoría de la población guatemalteca se opone a la explotación metálica y así lo expresa a través de consultas, encuestas independientes y manifestaciones; pero no cuenta con medios para hacer valer derechos constitucionales, como el derecho al agua y a un ambiente sano. Este choque de intereses produce conflictos que le cuestan muy caro a Guatemala, el país donde nacimos y habitamos 12 millones de personas supuestamente iguales ante la ley.

La minería metálica —notable, pero no exclusivamente, la de oro y plata— ha alterado drásticamente la vida de los habitantes de muchas comunidades, y no precisamente para mejorarla. El Gobierno no respeta las demandas de la población, por lo que los conflictos por explotación minera no se solucionan, solo aumentan. En Sipacapa, en un sitio conocido como Los Chocoyos, Goldcorp/Montana pretende agrandar la porción de territorio sipacapense que va a triturar y contaminar para extraer microscópicas partículas de oro contra la voluntad de la mayoría del pueblo sipakapense, que desde el 2005 sufre las consecuencias de la química y tóxica mega mina metálica moderna, Marlin I.

En San Rafael Las Flores, Santa Rosa, la tensión afecta a los pobladores, y se extiende por toda la región, desde que se instaló la minera San Rafael para explotar plata y oro. Esta semana capturaron a Alberto Rotondo, el famoso jefe de seguridad de la minera San Rafael a quien el Ministerio Público tiene grabado ordenando que “maten a esos hijos de la gran…”, acusado de ordenar disparar sobre pobladores que se oponían a la minería.

En San José del Golfo, el ejemplar movimiento ciudadano de resistencia pacífica de La Puya está a punto de cumplir dos años de impedir —con largas jornadas de vigilancia voluntaria— la entrada a una mina cuya licencia fue tramitada irregularmente. Gracias a la corrupción que lo carcome, el Ministerio de Ambiente aprobó una Evaluación de Impacto Ambiental inaceptable como instrumento técnico para entender los impactos negativos de la pulverización de las montañas.

Estos son tres de los conflictos ambientales más visibles; hay otros y se gestan muchos más, por la explotación de metales, petróleo, gas, agua… El esquema, siempre igual: una temible coalición de fuerzas contra población civil, empobrecida e indefensa. ¿Qué futuro le espera a nuestro país, si permitimos que la destrucción ambiental aumente?