Castresana se adhiere a la censura de Cicig contra ciudadanos, signatarios de los Acuerdos de Paz, que criticaron el juicio y no oculta su claro sesgo ideológico con el que vino a Guatemala. Ello es particularmente evidente con el tema de la pobreza al afirmar, que, “…cuando pude señalar esta realidad injustificable a representantes del reducido sector privado que posee la mayoría de la riqueza en el país, uno de ellos, con parsimonia indescriptible, se limitó a comentar: no hay mal que por bien no venga, así las indias tienen las manos más pequeñas para mejor cosechar el café”. Poner por escrito un dudoso y aberrante comentario como ese, y pretender utilizarlo para describir la actitud de todo el sector privado de Guatemala, evidencia la clase de fiscal, de juez y de persona que es el señor Castresana.

En su oportunidad, hubo pocos ciudadanos que tuvimos el valor de pronunciarnos en contra de la presencia de Cicig en nuestro país. Para nosotros era evidente que la creación de un pro-cónsul con absoluta impunidad, otro experimento de la “comunidad internacional”, sería un fracaso más en esa ingenua tendencia de “construir naciones”. Castresana tuvo la inmensa responsabilidad de ejercer ese cargo con inteligencia y sabiduría. Pero lo hizo con la soberbia, impunidad e imprudencia propia de los prejuicios que le caracterizaron.

Su abierto odio hacia empresarios explica la manera como Cicig ha manejado los casos de Pavón, donde hay que encarcelar, a puro tubo, a un ex presidente de la Cámara de Industria —Carlos Vielmann— con quien me unen lazos de parentesco. O la forma como se quiso ligar el asesinato de otro distinguidísimo empresario —Khalil Musa— con el contrabando de telas. No digamos la “verdad interina” para mantener en la cárcel, sin posibilidades de un juicio justo, a los hermanos Valdez Paiz; sólo para mencionar los casos más cubiertos por la prensa.

Dicen que Cicig tiene el “mérito” de crear un Ministerio Público más eficaz. En mi opinión eso queda empañado con la introducción de la corrupta y ponzoñosa práctica de usar “testigos protegidos” que no son, ni más ni menos, que criminales comprados a cambio de dejarlos fuera de la cárcel. Amén de las amenazas a jueces que no fallan a su favor, de intimidaciones a ciudadanos y columnistas que no opinan como ellos y de maliciosos retrasos de justicia o su “eficaz aplicación”, cuando conviene a sus intereses ideológicos. Eso no fue lo que la ONU nos prometió pero es lo que nos ha heredado. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir?