Desde que la “plaza” provocara la caída y encarcelamiento del binomio presidencial Molina-Baldetti, el poder Ejecutivo ha experimentado un lavado de cara, aunque todavía insuficiente. Derivado de aquello, ninguno de los candidatos tradicionales en las pasadas elecciones contó con la confianza de la ciudadanía. Podemos pensar que el actual presidente no cumple las altas expectativas que generó aquel cambio, pero también es preciso reconocer que fue la elección más consecuente con el rechazo que provocaban los políticos tradicionales.

En el poder Judicial se perciben significativos cambios. Las pendientes reformas a la Constitución abordan, en exclusividad, temas relacionados con la elección de jueces y magistrados y otras cuestiones referidas al sistema de justicia. Diversas actuaciones del MP destacan respecto de la forma tradicional de proceder de dicha institución. Hay avances sustantivos que seguramente se concretarán en algunos años porque no se puede esperar un cambio en corto espacio de tiempo. La discusión existe, las propuestas también, y seguramente serán realidad.

El poder Legislativo, sin embargo, sigue profundamente estancado. Este medio publicó hace pocos días que uno de cada seis diputados está en la mira judicial. ¡Creo que se quedó corto! La detención la pasada semana de cuatro diputados por el tema de las “plazas fantasmas” se suma a otros en busca y captura y a los que ya guardan prisión. Está pendiente el tema de los sobornos de la constructora Odebrecht, pero también otros, como aquel de hace un año en el que un grupo de diputados presionó a una gobernadora departamental.

En el Congreso no ha cambiado nada, la actitud canallesca persiste en el actuar de algunos que no cejan en el reparto de fondos o prebendas financiadas con dinero público. El diputado se siente propietario de su curul —a pesar de haber sido elegido de una lista cerrada del partido que lo propuso— y se sigue creyendo con el derecho de migrar a otro partido a costa de traicionar el voto que lo situó ahí. Algunos más no cejan en promover sus negocios televisivos, radiales, empresariales, personales o del tipo que sea.

Es preciso promover el cambio en la única institución de los tres poderes del Estado que no se ha depurado. Hay que prestar atención y exigir cambios de las normas vigente en muchos aspectos: un único salario sin gratificaciones extras por pertenecer a comisiones o limitar el acceso a discrecionales fondos rotativos; elección en forma directa y no necesariamente a través de los partidos; no al transfuguismo en ningún momento del desempeño de su cargo; facilidad para ser apartados de la curul en determinadas situaciones o prohibir mantenerles el sueldo cuando soliciten licencia por asuntos propios, entre otros.

Montesquieu seguramente se revuelve en su tumba al escuchar lo que ocurre en el país y quienes son los principales protagonistas. Se jactan de fiscalizar tal o cual actividad, pero se olvidan —todos ellos— de criticar a sus pares, lo que refleja culpa por omisión que deben asumir y corregir cuanto antes. Si de verdad desean hacer su labor de forma digna deben fijarse y escudriñar a quien ocupa la curul más próxima. Eso de cerrar los ojos al desmadre en el Congreso los hace más culpables que una simple omisión de deber. La ciudadanía debe tomar acciones —como ya está haciendo— y, de una vez por todas, cambiar ese club en el que impera la delincuencia organizada, pero también consentida por el silencio cómplice que quienes conocen las interioridades: ellos mismos.

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