Las políticas redistributivas en función de la equidad varían: Desde un esquema de impuestos progresivos (quien gana más paga marginalmente más) hasta las transferencias y la inversión social en bienes y servicios públicos. Inversión dirigida a grupos vulnerables para ecualizar puntos de partida en quienes de otra forma no tienen acceso a recursos mínimos que les equiparen con sus pares para competir en condiciones similares y sin las barreras que los privilegios heredados de otros significan. Estas políticas, además de resolver los argumentos moral, pragmático y utilitario contra la inequidad, elevan la productividad, incrementan la suma de bienestares individuales, dinamizan los mercados concentrados y promueven el crecimiento inclusivo. La redistribución de los ingresos implica seguridad social, educación y salud, entre otros servicios para todos/as. Para ello se necesita financiamiento a través de impuestos, de cooperación externa o endeudamiento. En donde la mayoría vive debajo de la línea de pobreza absoluta, la inequidad adquiere una importancia extrema. En Guatemala hay pocas personas que concentran la riqueza y capturan al Estado para su beneficio y muchas personas que no alcanzan niveles mínimos de subsistencia humana, que no podrán competir con sus pares y que contribuirán a los niveles de subdesarrollo focalizados en algunas poblaciones. La equidad social proporciona estabilidad en la inversión privada, mercados más dinámicos y desarrollo para todos. Es necesario, sin embargo, asegurar que los niveles de corrupción gubernamental se aborden seriamente, incrementando la eficiencia y transparencia del Estado. Esto implica la participación activa ciudadana y el ejercicio democrático de las instituciones. En Guatemala, las manifestaciones anticorrupción son un buen inicio.

Aun cuando grupos de poder económico adversan el tema impositivo, también pueden empezar a comprender que si incorporan el pago de impuestos a su ecuación de costos y beneficios personales, verán surgir los beneficios sociales consecuentes. Los políticos corruptos deben comprender que además de su irresponsabilidad moral y legal, robar dinero orientado al bienestar de la sociedad se devolverá a la larga en costos individuales más altos para ellos mismos/as.

En vez de pagar el costo de los problemas asociados a la captura del Estado, a la pobreza, instituciones frágiles producto de ciudadanía poco educada y con alto costo de oportunidad para la participación ciudadana, pagar impuestos puede verse como una inversión de altos retornos: Personas más educadas y más productivas, ciudadanía más crítica, gobernantes más conscientes, mejor desempeño ambiental y menos conflictividad social, ergo, mejor calidad de vida para todos-as. Sin llegar a sistemas centralistas (comunismo), la inversión social inteligente, pragmática, eficiente, transparente y fiscalizada, puede retornar en beneficios económicos también para quienes ganan más. En vez de pagar por garitas, servicios de limpieza privados o incluso tratamientos por los niveles de estrés y frustración colectiva consecuentes de la pobreza de otros y la desigualdad, la calidad de vida se puede “comprar” con más impuestos invertidos en una mejor sociedad. Estamos aprendiendo que el problema no es ni “el Estado” ni “los impuestos”, sino la Corrupción.