Hay coincidencia en que el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria es uno de los que menos avances presenta. La Secretaría de Asuntos Agrarios calcula que la conflictividad agraria abarca a más de un millón de personas. Más que terminar las hostilidades y negociar entre las partes, estos convenios buscaban emprender cambios profundos en la sociedad para democratizarla y modernizarla. Las elecciones ya se realizaban desde hacía 10 años y se quería negociar el desarrollo económico, social y político del país.

Para un grupo tan heterogéneo de actores de la política nacional como el futuro mandatario, Otto Pérez Molina, el ex comandante guerrillero, Pablo Monsanto —Jorge Ismael Soto—, el ex vicepresidente Eduardo Stein, y la primera secretaria de la Paz, Raquel Zelaya, estos convenios siguen siendo un marco válido para el desarrollo del país.

Eduardo Stein opina que se buscaba atender los orígenes del conflicto. Zelaya señala que los acuerdos no pretendían una reforma agraria, sino crear condiciones para propiciar la democratización del crédito en el área rural, con la transformación de Bandesa en Banrural, la creación del Registro de Información Catastral, para reducir los conflictos, y programas como el Fondo de Tierras.

Edelberto Torres-Rivas indica que el incumplimiento de los acuerdos no se debe a su complejidad, sino a que los gobiernos conservadores tienen en su interior poderosas fuerzas antidemocráticas, que desprecian los principios del cambio.

Hay un entendimiento fundamental en 1991, y es la decisión entre ambas partes de enfrentar las causas profundas del conflicto. Los acuerdos de paz dan lugar a que se replantee en su conjunto la exclusión política incluida en la constitución, que la Carta Magna de 1985 intentaba resolver.

Por lo tanto, el esfuerzo general en torno a atender estos siete temas: Marco constitucional y parte electoral-gasto social-pueblos indígenas, fiscalidad, seguridad y justicia, derechos humanos y, en general, desarrollo rural, fueron expresiones concretas de este esfuerzo por solucionar las causas del conflicto. Además, representaban espacios de transformación nacional que debían desarrollarse a partir del proceso, fueran ganancia para la población, no solo decisiones de alto nivel, presidenciales o ministeriales… o de élites políticas que fueran estas de organizaciones empresariales o populares. Según esos acuerdos, lo importante era que la gente empezara a disfrutar de estas transformaciones de su sociedad entera, oportunidad para la gente. Han pasado 15 años y la puerta aún espera ser abierta para que los acuerdos sean en realidad puestos en práctica.