La participación de la gente que asiste a la Plaza parece haber disminuido, pero no la indignación. Han sido muchos sábados, y muy notorios los esfuerzos para dividirnos. Que si la izquierda, que si la derecha, que si los pueblos indígenas y los campesinos… ¡Basta! Quienes están interesados en que la gente ya no acuda a la Plaza son quienes están inmersos en este sistema corrupto. Quienes sí mantienen constante su participación son los jóvenes, que sueñan con que el gran cambio es posible. Y son audaces en sus discursos y consignas, aunque usen lenguaje soez. Pero cuando vemos la grosería, la insolencia y la falta de vergüenza de los funcionarios y “dignatarios” de la nación, ese lenguaje resulta pertinente y atinado.

La semana pasada un juzgado ordenó detener la construcción de la mina Progreso VII Derivada. Esta semana, la minera Kappes Cassidy y Asoc./Exmingua, con apoyo de la Policía Nacional Civil (que cuida sus intereses desde hace más de un año), forzó la entrada de maquinaria pesada a la mina, a pesar de las órdenes del juzgado. Esta es una denuncia pública de una nueva violación a los derechos de la población por parte de una institución gubernamental en contubernio con una transnacional que se ha caracterizado por su poco respeto a las leyes y a la población guatemalteca; y es una invitación a la reflexión sobre la relación entre minería metálica y corrupción gubernamental.

¿Cuáles serán los planes de los “aspirantes” respecto de proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos? Seguramente encuentran —dentro de esos sectores— a potenciales financistas, tan ávidos de participar en la contienda electoral como otros que trasiegan polvo blanco que no es harina, como repite un acucioso investigador de las actuales redes de corrupción.

¿Qué toca hacer, cuando nos presentan pruebas de que quienes dirigen, legislan y administran los bienes de nuestro país son —con contadísimas excepciones— corruptos, mentirosos y/o ladrones? ¿Es posible votar por alguien capaz de apropiarse de los recursos del Estado que tendrían que invertirse en educación, salud y seguridad, sin traicionar a toda la población guatemalteca, pero sobre todo a la más vulnerable? Eso es a lo que pretenden obligarnos, haciéndonos creer que no querer elecciones en estas condiciones es atentar contra la institucionalidad, contra el Estado de derecho. Quienes atentan son ellos, los funcionarios públicos y los políticos responsables de esta situación.

El artículo 135 de nuestra Constitución Política dice que es un deber cívico servir y defender a la Patria. La suciedad de los partidos políticos que hoy tenemos en Guatemala hace que la gente crea que la política es mala. Malo es no participar; hoy no tenemos más remedio que hacer política. Porque si no reaccionamos, nuestro país seguirá en las garras de quienes lo tienen secuestrado desde hace muchos años.