COMPRAR CAMPOS PAGADOS constituye una manera adecuada y también útil para expresar puntos de vista, solicitudes, críticas, etcétera, de las organizaciones sociales. En algunos países no todos los medios informativos tienen entre sus servicios la venta de este tipo de espacios, pero en el caso de Guatemala no solo es posible adquirirlos, sino caben dentro de los cánones de la Ley de Emisión del Pensamiento. Debido a esto están sujetos al derecho de respuesta cuando se refieren a instituciones oficiales o a funcionarios públicos. La publicación de estos espacios implica de quienes los contratan el pago a su costo de cualquier tipo de aclaraciones. En esa forma ha funcionado y no hay motivo para sugerir cambios a este respecto.

CUANDO LOS FIRMANTES de esos campos pagados son organizaciones sociales, la responsabilidad del pago de cualquier aclaración y de las eventuales consecuencias jurídicas la tienen quienes tienen la representación legal de estas. Debe ser así para evitar la mención de entidades sin representatividad, a las cuales se les puede calificar de “organizaciones de cartón”, calificativo merecido para algunas sociedades mercantiles de mínimo capital económico a las cuales se les otorgan contratos millonarios. Esto último es casi una confesión de corrupción, como ha ocurrido en docenas de casos en el país, descubiertos o hechos públicos a consecuencia de la reciente, constante y ascendente exigencia ciudadana por exigir transparencia.

ESTA SEMANA SALIERON dos comunicados, uno publicado dos veces con el recordatorio a los integrantes del Congreso para legislar sin beneficiar al crimen y a la opacidad, y en protesta por la corrupción existente en los consejos de desarrollo y las municipalidades y exigirles elegir una nueva junta directiva ajena al servicio de los Ciciacs. El otro es una muestra de “total apoyo y respaldo” al diputado Amílcar Pop, del partido Winak. Al pie de los textos se mencionan 74 organizaciones, cuyos nombres en varias ocasiones aparecen por primera vez. Solo son conocidas las fundaciones Rigoberta Menchú y Myrna Mack, Unsitragua, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Muchas otras son entidades de mujeres.

UN COMUNICADO LLENO de los nombres de entidades desconocidas, creo yo, tiene un efecto contraproducente. Da la sensación de haber sido colocadas con la idea de dar una sensación de fuerza. Algunos de los nombres son curiosos: “Asociación de Mujeres Alas de Mariposas”, o demasiado generales, “Grupo de Mujeres con Valor Construyendo un Futuro”, o “Consejo de Mujeres Cristianas”. Otros son los llamados “colectivos”, como el “pro Derechos de los Pueblos Indígenas”. A esto se agrega alrededor de una docena de grupos con base en Canadá, como “Todos Por Guatemala”. Una de las grandes dudas es cuántos de estos tienen personería jurídica y cuántos son solo agrupaciones sociales sin organización y membresía conocidas.

NO SE TRATA DE PONER en duda la existencia de estos grupos, sino de sugerirles presentarse como entidades jurídicamente no existentes, cuando sea el caso. En otros países debe firmar una persona responsable por cada organización, precisamente para responder a posibles consecuencias legales, así como cuál es la persona o entidad financista de esos espacios, cuyo costo es elevado. Parte de la efectividad de esos textos la constituye su transparencia y sobre todo la decisión y la entereza de publicar los nombres de quienes deben responsabilizarse. Las críticas al gobierno están protegidas por la ley, pero para afianzar su validez necesitan ser firmadas por las personas representantes de las entidades. No hacerlo innegablemente deja un mal sabor.