y la reducción de la tasa de delitos contra la propiedad de 117 a 112 por cien mil habitantes. El tercero, “incorporación de jóvenes y mujeres en programas de formación… para prevenir el delito” es tan ambiguo, que casi cualquier contenido le da cumplimiento. No dice nada sobre el cuarto resultado “número de casos de mujeres que acceden al sistema de justicia”. El quinto resultado estratégico, “transparencia”, se reporta por aparte (p. 47-48), junto con otras intervenciones consideradas estratégicas, pero que no son los “11 resultados estratégicos”. Complicado, ¿verdad? Es el caso también de la profesionalización de la Policía.

Del pacto Hambre Cero, hay esencialmente una relatoría de intervenciones efectuadas y bienes entregados. ¿Por qué no reportar al menos resultados intermedios —coberturas de atención, inmunizaciones, tasas de morbilidad, mortalidad, que den mejor idea del alcance de lo logrado a la fecha—? Irónicamente, el dato que sí puede ser considerado resultado positivo es el de la reducción de muertes por desnutrición aguda; sin embargo, está desdibujado en un par de líneas al final del capítulo. ¿Por qué no darle realce, si es un dato significativo, del cual deberíamos saber más?

El tercer pacto tiene dos resultados al 2015: “incremento de 3 puntos en la formalidad del empleo” y “posicionamiento de 4.2 en el índice internacional de competitividad”. Basado en lo que reporta el Tomo I, ya se habría superado la meta (p. 25, gráfica 1) del primero. Eso sí, se basa para ello en encuestas donde los datos sobre empleo no son del todo comparables. Claro, la percepción ciudadana también dice lo contrario.

En el caso del Índice de Competitividad, el reporte del World Economic Forum muestra que Guatemala bajó dos puestos en el ranking (84 a 86), alejándose así del puntaje previsto como meta. No encontré dicho dato en el tomo I, solo el subíndice donde el país sí mejoró: el indicador de “Instituciones” (p. 27), ¿por qué?

¿Y qué hay de la coherencia entre presupuesto y resultados? El tomo I ni reporta al respecto, siendo esta la quinta esencia del enfoque GpR. No la leo tampoco en el último capítulo del Tomo II (7:123-24). Solo hay datos de ejecución presupuestaria global de los pactos, no así de cada uno de los 11 resultados estratégicos. ¿Por qué?

84.5% es la ejecución promedio de los 3, una mejora respecto del 2012. El pacto de Seguridad y Justicia fue el que más ejecutó (96.5%); no obstante, sus recursos son una décima parte de los de Hambre Cero. Este no solo tuvo la mayor asignación (Q3 mil 461 millones), sino recibió un sustantivo incremento en el 2013 (Q400 millones), pero reporta la menor tasa de ejecución (71%) de los tres pactos; valga decir que no se lee en el informe GpR más que un resultado. ¿Con qué criterios asignan?

Se supone que la GpR debería ayudar a los gobiernos a tomar mejores decisiones, ser más transparentes y facilitar la auditoría social. Yo lo que siento, en cambio, es que le extraigo la información con la cara convexa de la cucharita.