en torno a la necesaria resolución de dos conflictos que son apremiantes para estos profesionales.

Los médicos enfrentan un gravísimo problema, que no es propio de esa profesión, sino que es parte de la crisis legal e impunidad que opera en el país, porque una buena parte de los galenos prestan sus servicios, en lo público y en lo privado, como trabajadores, pero con el ánimo de burlar las normas laborales y minimizar costos se les paga como servicios profesionales, con lo cual pierden en primer término su estabilidad laboral y, en segundo lugar, sus prestaciones.

Esta odiosa práctica de fraude a la ley, apadrinada desde el Estado de manera descarada desde hace más de 15 años, configura una estructura que debe motivar la unidad gremial para combatirla. Si bien, al igual que los médicos existen abogados, ingenieros, arquitectos y un sinfín de profesionales, ninguna profesión es contratada en la cantidad que se requiere para que los servicios de salud puedan funcionar.

Los doctores que prestan sus conocimientos al Ministerio de Salud, al IGSS y a la Usac son la mayor cantidad de profesionales que perciben un salario proveniente de fuente pública, debiendo en consecuencia ser incorporados a un régimen de servicio civil que les permita su desarrollo. Esta forma de contratación, al provenir del Estado, ha sido emulada por conocidas empresas que de manera literal explotan a sus trabajadores bajo la mirada complaciente de las autoridades de trabajo.

Por otra parte, otro aspecto que debe escudriñarse hasta el tuétano es la obligación de acreditar especialidades en el país; es decir, ¿quéórgano es el responsable para establecer si una persona que afirma haber obtenido uno de los tantos grados de especialización que se imparten dentro y fuera del país es suficiente para rendir sus servicios de forma adecuada? La ausencia de legislación, la arbitrariedad en los procesos de incorporación, la nula fiscalización cualitativa, el triste papel que juega el Consejo de Enseñanza Privada Superior para dar cumplimiento al mandato constitucional de velar por el mantenimiento del nivel académico de las universidades, entre otros tantos, representa una verdadero obstáculo para garantizar el control sobre una profesión que tiene a su cargo nuestra salud.

Guatemala requiere de transformaciones estructurales, así que dejamos estas dos inquietudes focalizadas en un gremio específico. Esperemos frutos en abundancia.