Son las seis de la tarde del sábado 13 de junio. El autobús extraurbano que transporta a unas 40 mujeres, 20 hombres y varios niños y niñas, es detenido por la Policía Nacional Civil (PNC). La gente viene de manifestar pacíficamente en la Plaza Central y va de regreso a San Juan Sacatepéquez (sí, el mismo territorio donde se han dado los problemas por la instalación de la planta cementera).

El operativo policíaco sucede en el Anillo Periférico, a la altura del Naranjo. Primero les atraviesan una radiopatrulla, luego comienzan a rodearlos. Después, frente a la presencia de un cordón humano conformado por vecinos, estudiantes, mujeres y hombres, sucede lo que se publica en varias notas de internet: más de 400 policías, antimotines, agentes del DEIC, algunos vestidos de civil y 25 radiopatrullas de las comisarías 11, 12, 13, 14, 15 y 16, DCS Distrito Norte, División de Fuerzas Especiales de Policía (Difep), DCEN y del Distrito Central de la capital, además de varios microbuses de la PNC, se movilizan al lugar.

Aunque la PNC les pide bajar del bus, la gente no baja ni abre la puerta. La PNC dice primero que los detienen porque han reportado un asalto al bus; luego que porque adentro va gente armada. Finalmente, que porque tienen orden de captura contra dos personas, tal y como consta en el twitter que a esa hora envía el Ministerio de Gobernación. ¿Pero realmente es ese el motivo o sólo era una acción que quería recordarnos los mecanismos del terror estatal? Según la procuradora adjunta de Derechos Humanos, Hilda Morales, no quedó claro el motivo del operativo, porque el mismo director de la PNC dijo a la prensa que les habían informado que en el bus podrían viajar personas que han cometido delitos, y al interrogarlo sobre el tipo de delitos, dijo que podían ser violencia contra la mujer o violencia doméstica.

Mientras dura esta operación, la PNC nunca presenta una orden de aprehensión emitida por juez competente, por lo que puede considerarse una retención ilegal, casi un secuestro, sobre todo de niños y niñas. Tampoco se presenta un juez de turno durante esas cinco largas horas para certificar el estado de la situación. Pero además, la desproporción de la fuerza es obvia: varios agentes de la PNC portaban armas largas automáticas y fusiles AK-47, cuando se supone que ningún agente que participe en un desalojo puede portar armas de fuego.

El derecho constitucional a la resistencia y la solidaridad humana hacen la diferencia. En medio de la desesperación, sobre todo de niños y niñas, varios estudiantes, gente de organizaciones, mujeres Sanjuaneras, manifestantes y vecinos de las colonias aledañas, forman una barrera humana que protege a las personas del bus. La gente canta, pasa comida, colecta dinero para los pañales de los bebés y los carros pasan sonando bocinas en señal de apoyo. Dicen que podía cortarse el aire con cuchillo, de la tensión que se sentía. Finalmente, y frente a la resistencia de la gente y la presencia de MP, PDH, Abogados Mayas y Oacnudh, la PNC no tiene más remedio que dejar ir al bus por “razones humanitarias”. Cuando este comienza su marcha, a lo largo del Periférico se oye “Sí se pudo, sí se pudo.” A todo lo cual la ministra de Gobernación dijo luego: “Si hubiéramos actuado de mala fe, no hubiéramos detenido el bus en un lugar tan transitado”. Sin duda, la buena fe es algo valioso.

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