No hay que descalificar al MP/Cicig, ellos mismos hacen méritos suficientes para tal fin.

Ese caso judicial no es el único sustentado en “testigos” cuestionados que dejan mucho que desear. El caso Pavón está contaminado por declaraciones que no soportan un mínimo análisis objetivo. Sujetos como Bendfelt Porras, condenado a 20 años de prisión —supuestamente inconmutables— por el asesinato de tres policías; Flores Esquivel, acusado de desviar la investigación de las torturas y violación por unos policías de una mujer o Linares Pérez “exiliado político” sin trabajo conocido más allá del apoyo que le provee la Comisión, son algunas de las perlas que presenta el organismo internacional y sobre los que sostiene sus acusaciones. El primero de ellos subió a su Facebook (antes de cerrarlo) las fotografías de la excursión que realizó por diversas ciudades europeas cuando fue llevado a declarar en causas que se siguen en el exterior.

Se utiliza la presión, la intimidación, la compra descarada, el pago de favores y otras figuras delictivas para contar con testimonios amañados que permitan armar aquellos casos que interesan a Cicig/MP. No se trata de buscar la verdad o la justicia, como la lógica indica que debiera ser el trabajo de esos organismos, sino de contar con resultados —aunque sean falsos— para justificar su exigua actuación. Un método muy particular, pero sobre todo kafkiano, manipulador e ilegal. Frente a la incapacidad de sustentar casos con pruebas recabadas, documentos reales y testimonios verdaderos, se inventan o acuden a desesperados mentirosos que venden su futuro por promesas insostenibles. Eso puede recibir muchas denominaciones pero terrorismo judicial es la que más se aproxima.

El país está paralizado por jueces cobardes incapaces de enfrentar mentiras de Cicig, por abogados sumisos que le hacen el juego y por investigadores que esperan más prebendas en el futuro, obviando que son partícipes de ese nefasto e indebido proceder. El sistema judicial no funcionaba bien, pero ahora funciona mucho peor porque está cooptado por un grupo de funcionarios mercenarios que pretenden obtener resultados positivos para contentar a quienes les pagan o elogian falsa o interesadamente: ONU, países donantes y grupitos de la sociedad civil.

Evaden casos en los que debería personarse —al corresponderse con la misión que les trajo acá— y pierden o manipulan otros que son incapaces de resolver, incluso fabricando retorcidas e interesadas “versiones oficiales” o “verdades interinas”. Para ello, mantienen en prisión contra toda lógica, plazo, leyes, normas y procedimientos, a las personas que consideran y por el tiempo que estiman, aunque este supere plazos legales fijados por juez. Son encubridores, cuando no autores, de la incorporación de mentiras y falsedades a muchas de las causas que litigan, aunque predican la bondad de una labor que no deja de ser delictiva y generadora de miedo o terror generalizado que es precisamente el efecto del terrorismo, judicial en este caso. ¿Donde están los “defensores de la justicia”? Cuando les interesa, gritan permanentemente. Ahora son mudos cómplices.