Es evidente que el Estado de Guatemala no garantiza los derechos sociales básicos (educación, salud, agua, saneamiento ambiental y social, energía eléctrica). Lo que no ha resultado tan evidente es la responsabilidad de primer orden del sistema político-partidista en la construcción de un Estado que solo sirve para enriquecer a un puñado de politiqueros y garantizar el expolio del patrimonio natural y humano del país.

Como resultado tenemos un país donde las leyes, mecanismos e instituciones estatales son inoperantes, porque lejos de promover el desarrollo social y económico de las comunidades, son trampas estructurales que garantizan la perpetuidad de la pobreza, desigualdad y marginación, así como del statu quo extractivista, expoliador y concentrador de la riqueza nacional.

Ante tal situación las comunidades campesinas mayas, ladinas/mestizas y xincas se han organizado y han preferido buscar otros caminos que los conduzcan a la vida digna. Por ello tocan las puertas de Organizaciones No Gubernamentales y de la Cooperación Internacional para gestionar proyectos de formación, así como de desarrollo social y económico.

Un buen ejemplo de la inoperancia estatal es el caso del sistema de Consejos de Desarrollo, impulsado en tiempos del gobierno de Alfonso Portillo, supuestamente para democratizar las políticas públicas y garantizar el acceso a la inversión pública de parte de las comunidades. Sin embargo, lejos de ello, son candados que obstaculizan el desarrollo social y económico.

Si vemos a los Cocode muy pocas veces logran cumplir con sus funciones, no porque sean incapaces, sino porque deben someterse al engorroso y traqueteado camino de la burocracia estatal que parece hecho para obstaculizar sus gestiones, en vez de facilitarlas. Por ello, a pesar del esfuerzo y dedicación de lideresas y líderes —que trabajan ad honórem por sus comunidades—, hay muchos Cocode que llevan años gestionando proyectos para sus comunidades sin ningún resultado positivo.

Por otro lado, los Cocode son instrumentalizados por el gobierno municipal y nacional de turno para su campaña política permanente. Los que se oponen a esa política clientelar son señalados por el partido en el poder de incumplir con sus funciones y ser parte de un partido político contrincante —aun y cuando no sea así—. Entonces estas estructuras sirven para desgastar y estancar la agencia social y política comunitaria, contribuyendo al rezago social, por lo que no es casualidad que Guatemala figure como uno de los países más pobres y desiguales de Latinoamérica —la región más desigual del mundo, incluso más que África y el subcontinente indio—.

Por lo tanto, ahora que atravesamos la peor crisis política de la transición democrática, es vital que renuncie Otto Pérez Molina y se realicen las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que permitan iniciar con la erradicación de la corrupción e impunidad. Los principales cánceres que evitan que el gasto estatal vaya a donde tiene que ir: a los pueblos que conforman Guatemala. Del mismo modo que no haya políticas públicas que vayan en contra de las mayorías, sino a favor de las mismas.