El Tribunal Supremo Electoral fue creado en 1983, es la máxima autoridad en materia electoral, tiene la facultad de realizar la convocatoria a elecciones generales. También, tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso electoral se realice de manera transparente y democrática, tal como se establece en la Constitución Política y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sin embargo, a menos de un mes para la convocatoria a elecciones generales, el TSE está siendo fuertemente atacado por partidos politiqueros que pretenden socavar la debilitada institucionalidad democrática en Guatemala.

El TSE ha tomado decisiones contundentes y oportunas para evitar que los partidos politiqueros continúen y le den rienda suelta a sus acciones mañosas que ponen en riesgo la democracia electoral. Así, emitió el Acuerdo 1-2015 para impedir el cambio de residencia a otros municipios. Esto con el fin de evitar el traslado de votantes para las elecciones generales y del Parlamento Centroamericano que se realizarán el próximo 6 de septiembre. En reacción a esta medida, la asociación Ayuda al Ciudadano, presentó un antejuicio contra la magistrada María Eugenia Mijangos y contra los magistrados Julio Solórzano y Mario Ismael Aguilar Elizardi, porque supuestamente esa decisión atenta contra el derecho a la libre locomoción.

El 10 de marzo del presente año, el TSE emitió el Acuerdo 67-2015, para amonestar públicamente a los partidos y advirtieron a organizaciones y fundaciones que respaldan a las agrupaciones políticas que cesaran las prácticas de campaña anticipada. Asimismo en dicho Acuerdo hace un llamado a cesar la actitud de algunos funcionarios que, amparados en la promoción de obras públicas, promocionan también su imagen personal.

Por realizar campaña anticipada fueron amonestadas varias agrupaciones político-partidistas y el artículo 1 del Acuerdo 67-2015 permite mencionarlas, estas son: Patriota (PP), Libertad Democrática Renovada (Líder), la coalición Compromiso, Renovación y Orden (Creo)/Partido Unionista (Pu), Todos, UNE, FCN, Encuentro por Guatemala (EG), Partido Republicano Institucional (PRI), UCN, PAN, ANN.

Como la magistrada María Eugenia Mijangos y los magistrados Julio Solórzano y Mario Ismael Aguilar Elizardi votaron a favor de la aprobación del Acuerdo 67-2015, la Fundación Identidad Nacional (Fidenti) con claros vínculos con el partido (Líder), promovió otro antejuicio contra estas autoridades.

Pero lo que más indigna es la actitud servil de la Corte Suprema de (in)Justicia al darle trámite a esos antejuicios a todas luces ilegales y abusivos. De esta manera, nuevamente es posible ver que el sistema de justicia está cooptado por poderes fácticos que pretenden ampararse en la impunidad para retorcer las leyes a su sabor y antojo.

Ya es tiempo de que la ciudadanía salga de la indiferencia y manifieste públicamente su rechazo a esas formas antidemocráticas que ponen en riesgo la democracia electoral y con ello el estado de Derecho en Guatemala.

Ahora que el TSE está trabajando por el fortalecimiento de la institucionalidad electoral, lo están amedrentando. Pronunciémonos contra esos actos espurios.