Si antes las promocionaba abiertamente, ahora lo hace en silencio y las acuchichea a través de los gobernadores. Es interesante observar que no hubo protesta significativa por el ataque de las fuerzas del orden en contra los patrulleros en esa ocasión.

Ahora para acallar a las PAC, los gobernadores hacen una labor de niñeras estatales entreteniéndolos, pidiéndoles paciencia y repitiéndoles la promesa presidencial de una compensación económica.

Obviamente esto es un arma de dos filos que puede revertirse en contra del Gobierno si la compensación no se hace efectiva.

De ahí que al FRG le urge asegurarse fondos, legal o ilegalmente, como en el caso de los eurobonos.

Por aparte y según información de lectores del noroccidente del país, se está obligando a los empleados públicos a ?colaborar? para que los que ayudaron a desangrar esta patria sean recompensados por esa ?heroica labor?.

Si los servidores públicos se niegan a enlistar patrulleros, corren el riesgo de perder sus empleos. Así que si no es diezmo es un eventual despido al que se están sujetos estos empleados del Estado.

La cúpula del FRG, por su parte, apuesta obtener dinero con la venta de los bonos que sólo quienes son enemigos del país tendrán el descaro de comprar.

Por lo visto y si ese dinero no pudiera hacerse efectivo, se ha transferido fondos millonarios al Ejército, que ojalá los altos mandos no se lo apropien y se utilice para pagar a sus exsocios.

De esa cuenta, se infiere, el ministro de guerra, antes que de defensa, ocultó información a los diputados que lo interpelaron la semana pasada y por eso mismo Ríos Montt respaldó ese ?secreto de Estado?.

Los paramilitares ciertamente tienen derecho a pedir compensación y deben exigírselo al Ejército. Pero como el FRG tiene como objetivo continuar en el poder y seguir vaciando las arcas públicas, necesita asegurarse votos.

Es cierto que el voto es secreto y que nadie puede garantizar que a alguien que se le pague votará por determinado candidato, también lo es que si se paga a plazos, ese elector se ve obligado a votar por el único candidato que pueda hacerle efectivo los otros pagos.

Ningún patrullero en su sano juicio va a arriesgar que sólo se le pague una parte de los Q.20,000 que se le ha ofrecido. De aquí la terquedad en los bonos o las transferencias. En cualquiera de esas dos vías, el FRG asume que puede garantizarse adeptos.

JAWJECHI BA LO k?o ri ajq?ij Antonio Pop? Are ta ba Qajaw kaya?ow uchiq?ab uk?u?xlal pa ri utukelal. Majun k?u?xlabalil kariqtaj lo chi kixo?l ri qachalal mayib.