La Corte de Constitucionalidad es por antonomasia el organismo garante del orden constitucional y defensora del estado de Derecho. Uno de los momentos cumbres de esta instancia fue cuando el 1 de junio de 1993 emitió una resolución de inconstitucionalidad contra el golpe de Estado de Jorge Serrano Elías, lo que permitió el restablecimiento de la institucionalidad del país. Sin embargo, en años recientes lo que se ha observado es que algunos magistrados han utilizado ese alto organismo para responder a intereses políticos y económicos, con lo cual han supeditado la institucionalidad a intereses faccionales y espurios. Las interpretaciones antojadizas de la Carta Magna también ha sido otra forma de corrupción que ha llevado a fallos politizados.

Uno de los momentos vergonzosos de la CC ocurrió el 17 de junio del año pasado. En esa ocasión, los magistrados Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y María Araujo trataron de evitar la caída de Otto Pérez Molina al bloquear un antejuicio en su contra, cuando otorgaron un amparo a la abogada Karen Fischer. Ese fallo fue una aberración política porque la interponente carecía de toda legitimidad para solicitar el amparo, pues no había ningún agravio personal y directo en su contra. Molina Barreto argumentó en esa oportunidad que con la resolución se trataba de evitar que se pusiera en peligro la institucionalidad del país, cuando esta se encontraba en riesgo por la mafia que gobernaba. La posterior caída del mandatario y el recambio de gobierno en forma incruenta fue un revés contra los que intentaron desde la CC detener el juicio de la historia. Hoy los nombres de dos de esos magistrados aparecen como candidatos a la reelección.

Otro tanto ocurrió en el 2014, cuando la CC anuló la condena de 80 años por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt y ordenó que se repitiera el juicio. Dos años después, aún se encuentra en impasse ese proceso, con lo que los magistrados evitaron que la justicia llegara a las víctimas de masacres ocurridas durante el conflicto armado. Ya en el 2003 ese tribunal también había jugado un papel nefasto cuando permitió la inscripción de Ríos Montt en los comicios presidenciales, pasando sobre la Corte Suprema de Justicia, que había prohibido tal candidatura. Y por si eso no bastara, en diciembre del año pasado se conoció que Héctor Trujillo, magistrado suplente de la CC, está acusado en Estados Unidos por asociación delictiva, fraude y lavado de dinero por sobornos en los que habría estado implicado cuando fue directivo de la Fedefut. ¿Cuál calidad ética y moral?

Por eso es fundamental el rescate de la Corte de Constitucionalidad, porque no puede seguir siendo un reducto para el tráfico de influencias y el retorcimiento de leyes por medio de fallos politizados. No todo está podrido, pero las acciones de los malos magistrados empañan la labor de los buenos jueces constitucionales. Ahora estamos en un momento clave para lograr un cambio verdadero en el máximo tribunal y por eso es necesario que el proceso de elección de magistrados sea transparente de cara a la ciudadanía. El Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios, la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Ejecutivo están llamados a elegir a profesionales probos que defiendan el estado de Derecho y que no se sirvan de él.