Cuando ocurren desastres naturales en Guatemala, las pérdidas no son solo materiales, sino que cobran cientos de vidas inocentes. En la última década hemos padecido varias tragedias. En el 2005, la tormenta tropical Stan arrasó con la vida de más de 700 guatemaltecos. En el 2010, con Ágatha, murieron más de 200 guatemaltecos y miles de familias perdieron lo que tenían. En el 2015, el derrumbe de El Cambray sepultó 73 viviendas. Los chapines reaccionan siempre con generosidad, pero esa no es la solución.

Las medidas de prevención de nuestros gobiernos son débiles. Sus políticas de Estado conducen a decisiones cortoplacistas. Carecen de una visión integral, de acciones a mediano y largo plazo. El cambio climático es una amenaza real y como país somos de los más vulnerables. Una medida de prevención básica es conservar nuestros ecosistemas naturales sanos, entre ellos nuestros bosques tropicales, que aportan servicios vitales para las comunidades humanas. Recolectan y filtran nuestra agua dulce, con lo cual mantienen el ciclo hidrológico. Frenan las inundaciones o las sequías. Conservan los suelos porque sostienen la capa fértil superficial, rica en nutrientes. Sin embargo, desde hace más de una década, nuestros gobiernos incentivan la actividad minera extranjera, en lugar de promover el desarrollo local sustentable, poniendo en peligro a nuestros bosques, “nuestros poderosos aliados,” agregó el Clarinero.

Esta semana, en los medios de prensa se comentó la intención del Congreso de readecuar el presupuesto para beneficiar a los ministerios de Salud, Educación y Agricultura. Los legisladores solicitan a los ministros, no un listado de necesidades, sino planes de cómo ejecutar el dinero, por ejemplo, en el área de seguridad alimentaria. ¿Por qué no dar un paso adelante y que el Congreso solicite que el Estado proponga un proyecto modelo de desarrollo sostenible para los vecinos de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, la gente de La Puya, que ha luchado valientemente para que se cierre el proyecto minero El Tambor “Progreso VII Derivada,” propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. Exmigua, desde el 2010?

Mi propuesta se debe a varias razones. 1. Admiro a la gente de La Puya. Ellos tienen claro que la minería metálica es una actividad que atenta contra el entorno natural y las comunidades humanas cerca de ellas. Los impactos socioambientales que genera son irreversibles. Saben que los métodos de extracción destruyen las montañas, alteran los suelos, la fauna, la vegetación y rompen el tejido social. Los mantos acuíferos corren peligro por las descargas de agua contaminada de la mina: nitratos, metales pesados, ácido. Conocen que en la actualidad el impacto de la minería es uno de los problemas que afecta al mundo entero. No quieren ese legado nefasto para sus hijos.

2. En febrero de este año 2016, la CSJ suspendió en forma provisional la licencia de explotación de la mina El Tambor. Sin embargo la empresa minera no respetó esa medida cautelar y ha seguido trabajando. “¿Qué corona tiene Exmingua? Si no respeta la ley, ¿qué respetará? 3. La gente de La Puya tiene el espíritu de lucha que todo emprendedor necesita para crear, desarrollar e introducir un producto en los mercados. ¿Por qué no incrementar nuestro capital humano, en lugar de destruir nuestros ecosistemas naturales? ¿Por qué no transformar el conflicto en una oportunidad? Que el Gobierno propicie un diálogo entre los sectores. ¡Que abra brecha! Que impulse el desarrollo sostenible en el país. La minería metálica no se aplica a nuestra vocación de paraíso.

clarinerormr@hotmail.com